El domingo 4 de febrero del 2018 fuimos todos los costarricenses a votar libremente por los candidatos a la presidencia de la República, los vicepresidentes y los diputados al Congreso. Fue la decimosétima votación desde que está vigente la Constitución Política de 1949.
Las elecciones favorecieron al periodista cristiano Fabricio Alvarado Muñoz, con el 24,7 %, del partido conservador de Restauración Nacional (RN), y al escritor, periodista, politólogo y exministro de Trabajo Carlos Alvarado Quesada, del Partido Acción Ciudadana (PAC), con el 21,7 %. Ninguno de los finalistas alcanzó el 40 % de los votos que exige nuestra Constitución, por lo cual ambos irán de nuevo, el 1.° de abril próximo, a un balotaje de donde saldrá electo el próximo presidente y sus vicepresidentes.
El mapa político del Congreso ya quedó definido. Ahora cada candidato debe establecer prioridades, comenzando por ordenar las finanzas del Estado.
Finanzas Publicas. Este año, el presupuesto aprobado por el Congreso suma ¢9,31 billones, que equivalen al 25,9 % del PIB, presupuesto que será financiado en un 44 % con deuda interna y tendrá un déficit financiero implícito de un 7 % del PIB, que presionará a un crecimiento de la deuda del Gobierno que superará el 53 % del PIB, poniendo en mayor peligro nuestra ya maltrecha situación financiera.
La gravedad de las finanzas públicas nos exige medidas a corto plazo para no caer en la total insolvencia. Ya no podemos posponer una corrección integral de nuestras finanzas. Las cifras son claras y las medidas deben venir del lado del gasto y el ingreso. Serán medidas dolorosas, pero si no nos amarramos la faja, los costos sociales, políticos y económicos serán cada vez mas devastadores.
Si analizamos los últimos cuatro años (2014-2017), el Banco Central redujo sustancialmente la inflación a 1,54 % promedio anual, favorecido por las tasas de interés internacionales más bajas en 40 años, precios del petróleo y materias primas bajas y una alta liquidez.
Estos años fueron para Costa Rica la oportunidad de oro para hacer los ajustes que requerían las finanzas públicas. No obstante, no la aprovechamos a pesar de las advertencias de los bancos internacionales, las calificadoras de riesgo y el Fondo Monetario Internacional. Todo lo contrario, nos endeudamos más, como si no hubiera que pagar nunca una deuda creciente.
En este periodo (2014-2017), los salarios del Gobierno Central crecieron de ¢1,97 billones a ¢2,47 billones, lo cual significó una expansión de un 17,7 % en términos reales, que impactó en los gastos con ¢437.000 millones, que equivalen al 1,24 % del PIB.
Con los pluses salariales que ya superan el 100 % de los salarios base y sin aumentar la planilla, todos los años tendríamos que aumentar los impuestos en más de ¢109.000 millones, solo para equilibrar el aumento salarial. En el 2007, la planilla del Gobierno Central representaba el 5,2 % del PIB y para el 2018 este porcentaje subió a 7,3 % del PIB, con un 40 % de expansión.
Por el lado de las transferencias corrientes que hace el Gobierno Central a universidades, Conavi, pensiones del Magisterio, Fodesaf, PANI, juntas de educación y otros, pasaron de ¢2,01 billones a ¢2,67 billones, lo que significó una expansión del gasto de un 32,78 %. Las transferencias pasaron de un 7,5 % del PIB en el 2014 a 8,2 % del PIB en el 2017.
La deuda pública del Gobierno Central viene expandiéndose desde el 2009, por un déficit primario (ingresos-egresos sin interés) que este año se sitúa en un 3,5 % del PIB. Hoy el gasto por intereses y comisiones es de ¢1,38 billones al año.
Por el lado de los ingresos tributarios, desde hace 18 años se mantienen en un promedio del 13,4 % del PIB. Por ello, no podemos posponer un ajuste tributario que no debe ser menor al 3,5 % en los nuevos ingresos, con un control estricto en los disparadores del gasto.
El aprobar un IVA del 13 % que una todos los servicios, con excepción de los productos de la canasta básica, educación y salud que estarán gravados con el 2 %, solo significará un 1 % del PIB. Mejorar la administración tributaria, nuevas escalas a personas físicas con actividades lucrativas, impuestos a los salarios superiores, impuestos a ganancias de capital sobre bienes inmuebles y otros significará el 1 % del PIB.
Esto significa que por el lado de los ingresos difícilmente lograremos un 2 %, por lo que se debe ir ajustando el IVA hasta un 15 % en dos años para alcanzar la meta del 3 %, cerrando el déficit primario y paralizar el crecimiento de la deuda del Gobierno.
Este esfuerzo solidario de todos los costarricenses no tendrá éxito si no paramos el crecimiento en los disparadores del gasto público, como salarios, pensiones y transferencias.
Agenda de unidad. No cabe duda que, ante la segunda ronda electoral, los dos candidatos elegidos deberán concentrase en ordenar las finanzas públicas antes de que el ajuste nos sea impuesto por el Fondo Monetario Internacional.
Ya la estructura del Congreso está definida. Los candidatos deben estar claros de que el ajuste debe venir de los ingresos y los egresos. ¿Que piensa cada candidato sobre los ajustes en los privilegios y pluses? ¿Están dispuestos a congelar el valor de ciertas transferencias corrientes? ¿Cuál es su posición con respecto a las pensiones y los salarios millonarios en el sector público? ¿Cuál es el pensamiento sobre hacer cambios constitucionales para que el Estado tenga mayor flexibilidad en el gasto? ¿Cuál va a ser el compromiso con los partidos de oposición para una agenda de unidad? ¿Cuál es el compromiso en el cambio del Reglamento legislativo?
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Costa Rica no está para discusiones estériles o ataques personales. Los candidatos deben ser transparentes y firmar compromisos. El actual déficit fiscal, el aumento en los precios del petróleo, el posible aumento de las tasas de los bonos del Tesoro norteamericano, la baja en nuestros bonos en el extranjero por las calificadoras de riesgo y los analistas internacionales, el actual desempleo y la creciente deuda pública, la violencia, la incertidumbre y la falta de acción legislativa, nos tiene paralizados.
Hay que buscar nuevos acuerdos que exigirán dialogar, negociar y aceptar dolorosos compromisos. Hoy más que nunca se necesita madurez, sabiduría, tolerancia y solidaridad. Los acuerdos políticos son la columna vertebral de una democracia madura y responsable. Toda democracia debe estar regida por la cultura de la negociación. No podemos satanizar los acuerdos políticos que se hagan con toda nitidez.
El autor es ingeniero.