Jorge Woodbridge. 30 agosto

Gobernar es educar y esa es la principal tarea de un presidente. Gobernar es guiar a un pueblo por el sendero del progreso social, económico y ecológico. Para gobernar se requiere controlar, administrar y evaluar sistemáticamente todas las instituciones del Estado. Una nación no progresará ni generará empleo si no tiene claro su norte. Toda nación requiere ordenar ideas y concentrar todo su esfuerzo en una meta clara y medible.

Es complejo pensar cómo vamos a salir de este atolladero con la maraña institucional que tenemos, compuesta de reglamentos y leyes. No podemos seguir hablando de nuevos ingresos fiscales si no analizamos, paralelamente, la estructura del gasto. No podemos aceptar el seguir pagando privilegios en pensiones y remuneraciones mientras la infraestructura, la educación, la salud, la seguridad y otros servicios públicos se deterioran cada día más.

Es hora de hacer un alto en el camino. Debe existir claridad sobre cuál va a ser el plan del gobierno para ordenar prioridades, especialmente en educación, infraestructura y salud.

Es complejo pensar cómo vamos a salir de este atolladero con la maraña institucional que tenemos, compuesta de reglamentos y leyes

Educación. No podemos aspirar a una educación de calidad mientras exista inamovilidad y no haya parámetros para medir la calidad de la educación. La ausencia de buenos sistemas de selección y evaluación no nos ha permitido contar con personal educativo idóneo para preparar a los niños y los jóvenes para la sociedad actual y, mucho menos, la del futuro.

Es preciso mayor competencia académica, pruebas estandarizadas, mejor formación, excelente selección, tecnología, infraestructura, conexión a Internet y compromiso si queremos educación pública de calidad.

No podemos seguir secuestrados por los sindicatos que concentran sus luchas en mejorar sus remuneraciones y no la calidad educativa. Su afán es la cantidad de afiliados y por ello no aceptan que se les evalué con base en resultados.

No se trata de contratar cada vez más educadores cuando la población estudiantil va en reducción. Lo importante es que los educadores sean seleccionados entre los mejores y más calificados graduados, con pruebas muy rigurosas. La calidad educativa debe garantizarse y lograr mayor equidad.

Toda evaluación debe ser justa, objetiva y transparente, siempre con el respeto de los derechos de los educadores. No puede ser que el Ministerio de Educación Pública (MEP) no haya logrado ejecutar en tiempo los fondos prestados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para construir escuelas y colegios y el país haya tenido que pagar ¢1.000 millones en multas.

Infraestructura. Algo estamos haciendo mal. Llevamos 13 años construyendo una carretera de solo 30 km a San Carlos. Es preocupante que desde que se dio la orden de inicio de las obras el país ha gastado $213 millones y ahora faltan $123 millones para llegar a San Ramón y a Florencia. Es incomprensible que no se dé en concesión una carretera que, por sus características geológicas, necesita especial mantenimiento. Aprendamos que el modelo de concesión pública en forma transparente y profesional siempre será más competitivo y de menor costo.

Hace 50 años se planeó el nuevo trazado de esa carretera y, posiblemente, requerirá muchos años más si seguimos por el mismo camino.

Después de 20 años de trámites y apelaciones, todo parece indicar que en menos de dos años tendremos listo el proyecto de Circunvalación norte para desahogar el tránsito capitalino que está colapsado por miles de automotores. Este proyecto va a ser una realidad después de muchos años de atraso ante los cientos de obstáculos para articular diferentes instituciones.

En el 2000, el gobierno adquirió los terrenos para construir el arco norte de la Circunvalación y no será hasta el 2020 cuando se concluya. Hay que lograr cambiar esas historias con nuestra capacidad de desarrollar proyectos.

En diciembre del 2014, los representantes de la empresa China Harbor Engineering Company (CHEC) iniciaron los trámites para la valoración técnica y económica de la ampliación de la ruta 32. A la fecha, la obra tan importante de ampliación a cuatro carriles desde Río Frío a Limón, con un costo de $465 millones y una longitud de 107 km, apenas está iniciando con la tala de 1.800 árboles y la coordinación interinstitucional para reubicar servicios y hacer expropiaciones. Esperamos que un proyecto tan vital no se paralice entre la maraña de trámites y leyes que nos tiene secuestrados.

Este sábado, el presidente, Carlos Alvarado Quesada, inaugurará el nuevo muelle petrolero que debió estar listo hace cuatro años y no se sabe si entrará en funcionamiento. Se inició en el 2012 y su conclusión estaba prevista para el 2014.

La infraestructura es básica para el desarrollo y la competitividad de un país. No sigamos inventando nuevas figuras como la del fidecomiso de la carretera a San Ramón. Ya han pasado seis años y no hay avances relevantes. Hagamos de las alianzas público-privadas un instrumento válido y eficiente, en forma transparente.

Salud. El expediente digital de salud (EDUS), que evitará duplicidad de consultas y recetas, ahorrará tiempo y dinero, pronto estará en aplicación en los 1.039 Ebáis y 104 áreas de salud y tendrá un costo superior a los $200 millones. Este plan nació en 1998 y 20 años después todavía está en proceso de ejecución debido a centenares de trabas en interconexión, equipamiento, levantamiento de la historias clínicas, capacitación y otros. Pero, principalmente, por la resistencia del personal de archivo porque su trabajo no haría falta.

El sistema tiene aplicaciones en farmacia, familia, identificación, agendas y salud. Mientras este programa se pone en funcionamiento, más de 15.000 asegurados esperan citas para operarse de una catarata y más de 200.000 soportan una larga espera por citas en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

Todavía existen en la CCSS protocolos de atención desarrollados en los años 90 y la telemedicina no avanza, así como tampoco el médico de salud, la prevención, la inteligencia artificial y otras herramientas. Conseguir hoy una cita lleva años de dolorosa espera.

No puede ser que hasta para un simple ultrasonido un enfermo deba esperar cuatro o cinco años y diez años para que le operen una hernia. Algo pasa en la CCSS cuando los servicios de Ortopedia, Cardiología y Urología se atrasan por un TAC, rayos X o un simple ultrasonido.

Salas de operaciones colapsadas por incumplimiento de contratos, altos costos operativos, falta de controles, reprogramación de cirugías, apelaciones y falta de agilidad y planificación asfixian a una institución clave para nuestra paz y el desarrollo social.

La CCSS debe recurrir a alianzas con el sector privado para asegurar calidad y costos competitivos para su sostenibilidad y así ofrecer un servicio acorde con el dinero que se paga en cuotas obrero-patronales.

El mejor ejemplo fue la concesión del 10 % de los Ebáis y algunas clínicas a cooperativas o universidades privadas. Sus costos operativos son hasta un 50 % más bajos a los de la CCSS y el servicio es excelente. He ahí la importancia de que analicemos un cambio de modelo para lograr la sostenibilidad financiera de las CCSS.

No sigamos haciendo lo mismo: lo importante es el asegurado y no la estructura compleja de la institución que ya colapsa ante los costos, ingresos y la demanda. Busquemos alianzas público- privadas para corregir esta grave crisis.

Estamos al borde de un abismo por no tomar decisiones, por miles de trámites y leyes obsoletas e intereses de gremios sindicales que asfixian las finanzas del gobierno y las instituciones. No podemos, como país, seguir por esos caminos y el presidente puede explicarle al pueblo la importancia de un cambio. Toda Costa Rica está por la equidad tributaria, pero no podemos abandonar el bien común, la solidaridad y la eficiencia del Estado.

El autor es ingeniero.