A pesar de ser el país económicamente más próspero de Latinoamérica, Chile experimenta una crisis política y social de grandes magnitudes. Según algunos analistas, el descontento ciudadano se debe a la desigual repartición de los beneficios de la prosperidad.
De ahí, la necesidad de analizar lo sucedido en Costa Rica con respecto a la distribución del ingreso. Dos economistas de la OCDE, Alberto González y Mabel Gabriel, lo hicieron en el 2017, precisamente, porque la diferencia en los ingresos de los costarricenses ha aumentado, no obstante los avances en otros indicadores macroeconómicos.
El estudio busca determinar, técnicamente, los factores causantes del aumento en la desigualdad, según la fuente de ingresos. A la conclusión que llegan es que el crecimiento de los salarios de los trabajadores calificados, tanto del sector público como del privado, explican el fenómeno. Aunque por razones diferentes.
En la empresa privada, es debido a la existencia de un premio muy cuantioso en los sueldos de los trabajadores calificados (de los más elevados de Latinoamérica). Es decir, cuanto más educada es una persona, más salario recibirá. Así, por ejemplo, alguien con educación universitaria gana cuatro veces más que quien solo terminó la primaria, y el doble que alguien con título de secundaria. Quienes poseen educación secundaria técnica casi duplican el salario de quienes terminaron la secundaria académica.
En cuanto al Estado, el estudio explica cómo los salarios de los funcionarios crecieron mucho en el periodo de análisis (del 2010 al 2014). Dado que tres cuartas partes de los empleados públicos pertenecen al 20 % más rico del país, los aumentos de salarios que reciben por encima del resto de la población implican un aumento en la desigualdad.
El estudio concluye que, para reducir la brecha, deben hallarse maneras de aumentar los ingresos de los trabajadores menos calificados. Para ello, recomiendan simplificar la estructura de salarios mínimos y mejorar su cumplimiento, adoptar estrategias para reducir la informalidad, optimizar el vínculo entre el sistema educativo y el mercado laboral, y limitar el crecimiento de las remuneraciones de los empleados públicos calificados.
Si no queremos que nos suceda lo de Chile, vale la pena prestar atención a estas recomendaciones.
El autor es economista.