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Como reportero, me ha correspondido a lo largo de los años entrevistar a víctimas e informar sobre la forma en que operan los ciberdelincuentes que saquean las cuentas bancarias de miles de personas. Describir su frustración, ira y dolor está de más: ser vulnerado de esa forma es un trago amargo difícil de digerir.
El proyecto de ley recién aprobado en la Asamblea Legislativa, que contaría con el aval de Zapote, invierte la carga de la prueba en este tema. Ya no será la persona afectada quien deberá demostrar ante la institución financiera que no hizo nada incorrecto; más bien, corresponderá a los bancos probar que cumplen con los parámetros de seguridad que, en la mayoría de los casos, deberían proteger al usuario.
En otras palabras: ya no podrán lavarse las manos tan fácilmente cuando un cliente cae en un engaño. De acuerdo con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), las estafas electrónicas pasaron de 7.000 a poco más de 10.000 casos entre 2024 y 2025, un brutal crecimiento del 41%.
Al conversar con víctimas de timos como el del “falso funcionario”, he podido detectar que, en muchísimos casos, el factor común es la laxitud de las propias instituciones financieras ante uno de los ataques más comunes y documentados: el vishing, esa técnica en la que los “cibercacos” engañan a su víctima por teléfono. Los bancos no suelen capacitar a los usuarios para enfrentar estos engaños antes de darles acceso a la banca virtual; el riesgo lo asume únicamente el cliente y esto se ha visto, con especial recurrencia, en dos de las entidades más reconocidas del país.
Otro problema grave, que la prensa ha reportado hasta el cansancio es el calvario burocrático que afronta quien intenta reclamar. El proceso raras veces termina bien para quien, en muchos casos, ha perdido sus ahorros de toda una vida. Un ejemplo concreto: un funcionario de un centro de salud al que le saquearon la cuenta mientras dormía recibió al final del proceso, un contundente “no” por respuesta.
La nueva ley viene a emparejar un poco la cancha. Ahora los bancos deberán destinar recursos para demostrar que no han fallado, que cuentan con herramientas reales para combatir este delito global. Esto genera, inevitablemente, una pregunta incómoda: ¿van a invertir ahora en tecnología que ya deberían haber implementado hace años?
Y hay otro asunto que no puede ignorarse: cómo compensarán estas entidades los costos derivados de sus nuevas obligaciones. La respuesta más previsible serían seguros obligatorios o alzas en las tarifas de los servicios que ya cobran a sus usuarios. Es decir, el cliente pagaría dos veces: primero con su vulnerabilidad; luego, con su bolsillo.
Policialmente, se sabe de filtraciones de bases de datos. No puede haber otra explicación para el hecho de que muchas personas denuncien ser contactadas apenas minutos después de abrir una cuenta o de adquirir un producto financiero.
Esta ley es un primer paso necesario, y el siguiente –ojalá pronto– debería ser detener los flujos de datos que alimentan a los grupos criminales. Un reto enorme para la Prodhab, institución que, valga decirlo, parece ser solo práctica y eficaz cuando se trata de proteger datos que ya eran públicos del presidente de la República, mientras luce asustada ante incumplimientos que sí afectan a los ciudadanos en su conjunto.
Mientras los bancos no operen preventivamente, poniendo la seguridad del usuario como prioridad, los “cibercacos” seguirán operando con ventaja. En buena hora si el Ejecutivo no veta esta iniciativa y se pone “la 10″ para proteger al consumidor financiero.
christian.montero@nacion.com
Christian Montero es periodista de ‘La Nación’.
