Juan Carlos Hidalgo. 27 junio, 2016

Usted lo habrá oído antes: en el mercado prevalece la ley del más fuerte; por eso necesitamos amplias regulaciones estatales que garanticen que los actores poderosos no abusen de los débiles. Suena sensato, ¿no? Ahora pregúntese: ¿cómo calza esa imagen con lo que vemos todos los días en nuestro país, donde los intereses de actores poderosos como autobuseros, arroceros, taxistas, sindicalistas, y un largo etcétera, se anteponen, amparados por la burocracia, a los de una ciudadanía desprotegida?

La respuesta la podemos encontrar en el trabajo de George Stigler, premio nobel de economía, quien en su tesis de “captura regulatoria” establece que cada vez que se crea un ente estatal para regular una industria, este acabará defendiendo los intereses de los grupos de presión que dominan dicho sector económico. Al final, la ley termina al servicio de los poderosos.

Veamos la controversia más reciente con los autobuseros. El ahora exviceministro Sebastián Urbina perdió el puesto por pretender que las decisiones en el transporte público fueran tomadas “anteponiendo los intereses de la ciudadanía sobre los de cualquier grupo económico”. Ya sabemos cómo le fue. Y no es la primera vez que los autobuseros son favorecidos por las autoridades que los regulan: en el 2013 se reportó que la Aresep calculaba las tarifas de buses utilizando un tipo de cambio amañado que los beneficiaba considerablemente.

Lo mismo ocurre con el arroz. La mitad del consumo lo realiza el 40% más pobre de la población. Uno creería que la política de fijación de precio se hace pensando en el bienestar de este sector tan vulnerable. Todo lo contrario: el sobreprecio fijado por el MEIC es tal que constituye una transferencia anual de decenas de millones de dólares a un puñado de agroindustriales bien conectados.

Y no olvidemos el fallo reciente de la Sala IV que autorizó que el costo de la convención colectiva de Recope fuera cargado al precio de los combustibles. En su voto en contra, el magistrado Fernando Castillo advirtió que la mayoría de sus colegas había optado por privilegiar los intereses del sindicato sobre los de los consumidores, quienes, como él señala, “son el eslabón más débil”.

Una y otra vez, entes públicos que en teoría deben velar por toda la ciudadanía, defienden en la práctica los intereses particulares de los grupos que deben regular. Es así cómo, con todo el poder coercitivo del Estado detrás, la ley acaba perteneciendo al más fuerte.