EscucharUn miércoles de junio, en el show televisivo del mediodía, el mandatario Rodrigo Chaves y su ministra de la Presidencia, Laura Fernández, perdieron el tiempo valioso que se les paga para gobernar, en desmentir a La Nación.
Estaban desorbitados. Liberaron ira en cada palabra frente a un equipo de camarógrafos, también pagados con impuestos. La furia era por el titular: “Rodrigo Chaves plantea referéndum para debilitar control a contrataciones públicas”. Era una “enorme mentira”, aseguró Chaves.
Dichosamente, hay videos para rememorar el ridículo de ese día, donde, viendo a los ojos (como suele decir para aparentar franqueza), el gobernante arrojó una correntada de insultos, algo corriente cuando pierde los estribos. Pero lo más descarado fue atreverse a garantizar a los ciudadanos que con la llamada ley jaguar estaba planteando un “referéndum para fortalecer los controles en la contratación pública y eliminar los chorizos”.
Es falso y fue desenmascarado por los magistrados de la Sala IV, quienes determinaron que la ley jaguar vendría a devorar la fiscalización, pues “quita herramientas importantes a la Contraloría General de la República para ejercer sus funciones constitucionales”. Esas funciones, dice el artículo 183, son la “vigilancia” del buen uso del dinero público. Hablar de “fortalecer”, entonces, es un cuento para niños porque a quien se debilita es, precisamente, al vigilante.
El criterio del Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa también es pedagógico para los ignorantes de lo que dicta la Constitución: la contratación de obra pública debe hacerse mediante licitación, porque así lo ordena el artículo 182. Hasta Google responde esa duda. Así que, es claro que hace 75 años los constituyentes vetaron los contratos a dedo porque algo se olían.
