Un honor para nuestro país es que contemos con el privilegio de que la presidenta actual sea la costarricense Nancy Hernández, quien fue precedida por otras dos grandes costarricenses, Elizabeth Odio, quien también ocupó el máximo cargo, y Sonia Picado, quien fue vicepresidenta.
En momentos en que la violencia y la discriminación por razones de género se han convertido en pandemia, aprovecho este aniversario para invitar a todas las autoridades estatales a la lectura del fallo conocido como el caso algodonero, González y otras versus México, del 16 de noviembre del 2009, resolución que de manera clara y precisa define las responsabilidades de cada Estado en el cumplimiento de las convenciones Belém do Pará y la Cedaw.
El caso sucedido en Tijuana, ciudad declarada desde el 2018 hasta el 2022 como la más insegura y violenta del mundo, trata sobre el brutal homicidio y abuso sexual de ocho mujeres, entre ellas una adulta y dos niñas. Sus cuerpos fueron encontrados en un campo algodonero.
La sentencia halló culpable a México por respuestas ineficientes, actitudes indiferentes de las autoridades en la investigación, crímenes sin haberse esclarecido, incumplimiento del deber de prevención, falta de respuesta a actos de violencia, falta de acciones urgentes ante las desapariciones, violación a los derechos de la niñez y al derecho a la integridad de los familiares, faltas en las investigaciones y de los especialistas, sin perspectiva de género, entre otros.
Lo alarmante es que en Costa Rica los datos del Observatorio de Violencia de Género del Poder Judicial entre el 2007 y el 2024 (muertes 464, intentos 1.397 y muertes de mujeres sin clasificar) revelan lo que la sentencia define como una cultura sistemática de violencia contra las mujeres. De ahí la urgencia de que en la Asamblea Legislativa se dé trámite a los proyectos sobre la materia.
nmarin@alvarezymarin.com
La autora es politóloga, miembro del Advisory Board del Wilson Center en asuntos para América Latina.
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