EscucharEn días pasados, el Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica (UCR) publicó un pronunciamiento en varios medios de comunicación en el que se manifestó “sobre la necesidad de una nueva Ley de Radio y Televisión para Costa Rica”.
De acuerdo con el Consejo, los servicios inalámbricos “son un instrumento de democracia y de libertad de expresión”, por lo que “no puede ni debe ser objeto de comercio de sujetos privados, al ser un bien estratégico y patrimonio de todo el pueblo de Costa Rica”.
En razón de lo anterior, el Consejo manifestó su preocupación de que, pese a la inminencia del llamado “apagón analógico”, el país no haya avanzado en implementar “un marco normativo y de política pública para aprovechar las ventajas de la nueva tecnología en beneficio del mayor número de personas”.
Incumplimiento. Para el Consejo, el decreto ejecutivo n.° 36.774, del 6 de setiembre del 2011, pondría a Costa Rica “ante el riesgo de que muchas de las frecuencias queden en manos de los actuales operadores, la mayoría de ellos, privados, sin que el Gobierno haya dado el debido proceso de información y debate ciudadano”.
Como el gobierno no ha cumplido con su deber, el rector de la UCR, Henning Jensen Pennington, solicitó, el 21 de enero del 2017, “invocar la competencia consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos” en lo referente al “marco normativo interno en materia de libertad de expresión”, gestión que “aún está pendiente de respuesta”.
Debido a esos incumplimientos y omisiones, el Consejo acordó “alertar a la ciudadanía costarricense y a los poderes Ejecutivo y Legislativo de que debe darse, de manera urgente, la emisión de una nueva Ley de Radio y Televisión”.
Suerte. Sin duda, es una suerte para todos los costarricenses que exista un órgano, como el Consejo Universitario de la UCR, tan preocupado por un asunto de vital interés nacional, como lo es que el país disponga de una nueva ley de radio y televisión.
Además, es todavía más increíble la buena fortuna de todos los costarricenses al tener al frente de la UCR a un rector como Jensen, a quien no solo le alcanza el tiempo para ocuparse de las múltiples tareas que le demanda la Rectoría, sino para –como un amoroso padre de familia comprometido con el bienestar de sus hijos– velar por los mejores intereses nacionales.
Por si todo lo anterior fuera poco, es también una suerte extraordinaria que, a pesar de los escasos fondos de que dispone, la UCR tenga la visión y la lucidez necesarias para invertir recursos en alertar a la ciudadanía acerca de la urgencia de emitir esa nueva ley.
Vacío. El fuerte llamado de atención del Consejo Universitario, en relación con lo que considera un desinterés de las autoridades por actualizar el marco legal de los servicios inalámbricos, contrasta con lo que ha sido el proceder del Consejo con respecto a la necesidad urgente de reformar la normativa universitaria para que se le puedan abrir procesos disciplinarios a la persona que ocupa la Rectoría.
Desde el 14 de junio del 2016, el director de la Oficina Jurídica de la UCR, Luis Baudrit, en una comunicación dirigida al Consejo Universitario, se pronunció en el sentido de que, en el marco de lo establecido por el Estatuto Orgánico y de los reglamentos existentes, no se podía instruir un proceso disciplinario en contra del rector.
Tal pronunciamiento fue acogido por el propio Consejo el 12 de agosto siguiente, después de conocer un informe de la Oficina de Contraloría Universitaria que determinó que Jensen había dado apoyo presupuestario para los nombramientos de su hija, “a pesar de encontrarse ante una causa de impedimento”.
Al resolver sobre lo actuado por Jensen, el Consejo acordó “que no existe procedimiento ni instancia definida en la normativa universitaria, en virtud de la cual instruir un proceso o calificar de manera alguna la actuación del rector en este caso específico como una falta que dé lugar al inicio de un proceso disciplinario”.
Por tanto, está claro que, desde mediados de junio del 2016, el Consejo Universitario conocía de la existencia de un peligrosísimo vacío en la normativa universitaria, que en la práctica creaba una aberrante situación de desigualdad ante la ley, al asegurarle al rector una condición especial de inmunidad administrativa.
Nadita. Tal vez la ciudadanía imagine que, una vez conocida la existencia de ese vacío, quienes integran el Consejo Universitario se declararon en sesión extraordinaria de manera permanente y se dedicaron, día y noche, a promover las reformas estatutarias y reglamentarias indispensables para que en la UCR se pudieran abrir procesos disciplinarios en contra de la persona que ocupa la Rectoría.
Quizá la ciudadanía imagine también que, obsesionados por servir a los mejores intereses del país y de la UCR, quienes integran el Consejo Universitario decidieron acampar en la sala de sesiones de ese órgano y comer y dormir ahí, con el compromiso de no abandonar el recinto ni el debate –excepto, claro está, para informarse de cómo le fue a la Sele después de cada partido– hasta tanto ese vacío en la normativa no hubiera sido subsanado.
¡Sería fantástico que algo así hubiera ocurrido! Pero no, nada de eso pasó. Desde junio del 2016 y hasta ahora, es decir, durante alrededor de año y medio, quienes integran el Consejo Universitario no han hecho nada, “nadita de nada”, por solventar ese vacío en la normativa.
La razón por la cual no lo han hecho es, por supuesto, un misterio, y así permanecerá, ya que quienes integran el Consejo Universitario nunca van a explicar a esa ciudadanía o a ese pueblo costarricense, que tanto invocan en el pronunciamiento publicado días atrás, por qué no les interesa actualizar el marco normativo de la UCR para que se puedan abrir procesos disciplinarios en contra de quien ocupe la Rectoría.
Jano. Como Jano, el Consejo Universitario tiene dos caras. Con una de esas caras es con la que mira siempre lo que ocurre fuera de la UCR, y esa mirada es implacable: no considera atenuantes y no perdona nada. Es la mirada con la que reclama al Poder Ejecutivo y a los diputados por no emitir la nueva ley de radio y televisión.
La otra cara es con la que mira lo que sucede dentro de la UCR, y esa mirada es como la de san Francisco de Asís cuando mira al lobo al final del célebre poema de Rubén Darío: puede considerar miles de atenuantes y perdonarlo todo. Es la mirada que, al mirar al rector, no ve al jerarca cuya condición especial de inmunidad administrativa debe ser eliminada, sino al amigo entrañable, al que se saluda afectuosamente cada vez que ingresa a las sesiones del Consejo (si es que no está de viaje).
Al reclamar a las autoridades nacionales por no solventar un importante vacío legal y al abstenerse de solventar el vacío estatutario y reglamentario que sí pueden solucionar por sí mismos, quienes integran el Consejo Universitario han demostrado a la ciudadanía y al pueblo de Costa Rica que son expertos en encontrar la paja en el ojo ajeno, pero que no pueden ver la viga que tienen incrustada en sus propios ojos.
El autor es historiador.
