Son muy preocupantes las denuncias de corrupción que han salido a la luz. Es indignante pensar que una parte de los escasos recursos disponibles se la llevan unos cuantos corruptos.
Además de expresar nuestra justificada furia y enojo por la situación, nos toca pensar qué acciones deberían tomarse para dar solución al problema de la corrupción. Eso sí, debe tenerse cuidado de no tomar decisiones precipitadas al calor de las elecciones. Es peligroso que, en estas circunstancias, aparezca un líder casi mesiánico, que prometa arreglarlo todo con simplemente declararse a sí mismo como el único santo y pulcro capaz de evitar todo acto de corrupción.
Ciertamente, los valores son parte primordial de la solución, por lo que es clave que escojamos políticos honestos, dispuestos a poner un alto grado de atención en la lucha contra la corruptela. Pero es ingenuo pensar que con solo elegir a ese político honesto todos los que lo acompañan, más todos los funcionarios que ya trabajan en el sector público, también serán honestos. Como si ese político supiera quiénes serán siempre honestos y quiénes son capaces de caer en la tentación. Si el arca está abierta, hasta el justo peca.
Por eso, hay que cerrar portillos por medio de simplificar trámites, establecer reglas claras y transparentes, mejorar los procesos de contratación administrativa y fomentar el gobierno digital de verdad. También hay que evitar que algunos funcionarios inescrupulosos puedan poner trabas al sistema, para con ello tentar a otros ciudadanos a cometer actos ilícitos. Eliminar la reelección continua de alcaldes, ajustando el modelo al empleado en la elección de presidentes, es otra de las reformas urgentes. También están, del otro lado, algunos empresarios angurrientos que, dada la baja probabilidad de ser castigados, se sienten empoderados para tentar a funcionarios con dádivas o mordidas.
Por eso, debemos aplaudir y apoyar la labor del OIJ en la investigación de los casos expuestos. Pero también hay que preguntarse cuál ha sido la labor de los organismos de control, como la Contraloría y las auditorías internas, y por qué no han podido detectar los actos de corrupción antes.
O, si lo hicieron, ¿por qué sus denuncias no lograron detenerlos? Pareciera que hacer más eficaz la labor de esos organismos, sin entrabar los procesos, es otra tarea pendiente.
Los alcaldes Johnny Araya, de San José; Mario Redondo, de Cartago; Humberto Soto, de Alajuela; Alfredo Córdoba, de San Carlos; Alberto Cole, de Osa; y Arnoldo Barahona, de Escazú, son investigados en el llamado caso Diamante. Fotos de archivo.
