La sensibilidad del mercado financiero a la política fiscal no puede ser más obvia. Tampoco podría manifestarse con más rapidez. Una mala decisión, como la exención de las municipalidades de la regla fiscal, inquieta a las calificadoras y, de inmediato, afecta negativamente los bonos costarricenses. La aprobación de la ley de empleo público en primer debate, todavía lejos de entrar en vigor, tiene el efecto inverso.
La reacción es inmediata, en el mercado interno y en el internacional. Denota nerviosismo y hasta desconfianza en la capacidad del país para rectificar el rumbo. En esas circunstancias, una declaración imprudente puede costar millones dependiendo de la fuente y las circunstancias.
Las pérdidas o ganancias no son para cuatro o cinco inversionistas, sino para la ciudadanía. La afectación ocurre de diversas formas, pero una muy clara y directa son los rendimientos de los fondos de pensiones, incluido el de Invalidez, Vejez y Muerte administrado por la Caja Costarricense de Seguro Social.
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Los principales tenedores de deuda costarricense son los fondos de pensiones. Los complementarios tienen el 27 % de la deuda interna y la Junta de Pensiones del Magisterio Nacional (Jupema) posee otro 12 %. Buena parte del 14 % en manos de la Caja es dinero del IVM. Alrededor del 10 % está en manos privadas y el resto pertenece a otras instituciones públicas, como el Instituto Nacional de Seguros (un 7 %) y los bancos comerciales del Estado.
En suma, prácticamente todas las pérdidas o ganancias producto de las fluctuaciones son para la sociedad. Así como recientes decisiones equivocadas dañaron a los afiliados a los regímenes de pensiones, los aciertos los beneficiaron. La aprobación del convenio con el Fondo Monetario Internacional (FMI), la precaria mejoría de la situación fiscal y el avance de la ley de empleo público incrementaron la confianza en el país y el valor de sus bonos.
Los portafolios de las operadoras de pensiones se beneficiaron de la plusvalía. La rentabilidad real anual del régimen obligatorio (ROP) estuvo entre el 12,2 y el 18,3 % a junio pasado, según la Superintendencia de Pensiones (Supén).
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Hay, desde luego, efectos más generalizados e importantes. Las tasas de interés se comportan en sentido inverso al valor de los bonos y, si la tendencia se mantiene, la deuda se abaratará, para alivio del presupuesto y rubros como el gasto social, dirigido a los más necesitados. Son buenas razones para hablar con cuidado.
