Si el próximo primero de abril Carlos Alvarado, candidato del Partido Acción Ciudadana (PAC), ganara la elección presidencial, un posible escenario sería el siguiente. Los partidos Liberación Nacional (PLN), Unidad Social Cristiana (PUSC) y Restauración Nacional (PRN) formarían un frente unido y condicionarían su apoyo a la eterna reforma tributaria a cambio de que el gobierno disminuyera el gasto público.
De inmediato, el PAC se dividiría entre quienes respaldarían reducir el gasto, en particular bajar los pluses salariales, extender el salario único y no abrir nuevas plazas en el sector público, y quienes se opondrían a esas medidas, al abogar por mejorar la recaudación y combatir más eficazmente la evasión tributaria.
El resultado de esa confrontación dependería de cuánto aumente el déficit fiscal. Si la situación de las finanzas públicas se deteriorara más de lo previsto, el gobierno carlista probablemente llegaría a un acuerdo con los sindicatos estatales para ejecutar medidas de contención del gasto y a un compromiso con la oposición legislativa para aprobar algún tipo de reforma tributaria.
Podría ser, en el peor de los casos, que un arreglo de este tipo se complicara a último minuto por el filibusterismo parlamentario, ya fuera por diputados opuestos a toda reducción del gasto público o por legisladores que pondrían la apertura del mercado eléctrico como condición para apoyar la reforma fiscal.
Competencia. Dado que los partidos siempre están en competencia, para el PLN y el PUSC el mejor escenario sería que el PAC ganara la elección presidencial, ya que esto les daría dos ventajas inmediatas con vistas a los comicios del 2022.
Primera: no necesitarían empezar por construir un frente opositor en contra del partido gobernante, puesto que ya existe. Por eso, desde el mismo 2 de abril, podrían concentrar todas sus energías en consolidar esa oposición y liderarla.
Segunda: el PLN y el PUSC quedarían en una posición estratégica para tutelar política e ideológicamente a la jugosa fracción del PRN. Dada su falta de experiencia y su poca preparación, la mayoría de los diputados evangélicos, pese a su estricta supeditación a la dirigencia del PRN (los mandaron a callar, y ¡callaron!), podrían constituirse en una presa fácil para los lobos liberacionistas y socialcristianos.
Evidentemente, detrás de ese tutelaje, habría un interés de fondo. Si el PAC, desde su creación, arrebató al PLN y al PUSC una proporción considerable de sus partidarios más preparados e intelectuales, el PRN les habría quitado un porcentaje significativo de sus votantes populares.
Puesto que sería difícil que quienes se fueron al PAC retornaran al PLN y al PUSC, la supervivencia de estos dos últimos partidos dependería ahora de recuperar esos votantes populares. Consecuentemente, la doble tarea que tendrían por delante liberacionistas y socialcristianos sería primero recolonizar política e ideológicamente a las bases del PRN y después desplazar al PRN a las márgenes de la arena electoral.
Familia. Si el PAC ganara la elección presidencial, los temas de la familia, las guías sexuales y la llamada “ideología de género” poco a poco perderían relevancia en la esfera pública, debido a tres factores principales.
Una vez disipado el humo del fanatismo político-religioso, se podrá apreciar mejor el actual panorama familiar y sexual del país: de cada diez nacimientos, solo tres corresponden a madres casadas, casi la mitad de los matrimonios terminan en divorcio y, antes de cumplir los 16 años, más de un cuarto de las mujeres y cerca de la mitad de los hombres ya han tenido relaciones sexuales. Además, aproximadamente el 10 % de los casi tres millones de turistas que visitan el país anualmente lo hacen motivados por el turismo sexual, los embarazos adolescentes todavía se cuentan por miles y se calcula que en Costa Rica se realizan entre veinte y treinta mil abortos ilegales al año.
Igualmente, en un gobierno del PAC, la Sala Constitucional podría –con menoscabo de su prestigio institucional– inclinarse por respaldar las sociedades de convivencia más que el matrimonio igualitario, aunque este finalmente se impondría como resultado de una resolución adicional de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Por último, cuando la Iglesia católica se movilizó en diciembre del 2017 para posicionar el tema de la familia, las guías sexuales y la “ideología de género” en la campaña electoral, calculó que la segunda ronda se resolvería entre el PLN y otro partido no evangélico. Dado que el resultado fue muy diferente de lo previsto, sería dudoso que la jerarquía eclesiástica persistiera en una iniciativa que solo beneficiaría a sus rivales en el despiadadamente competitivo mercado de la fe.
Incertidumbre. Si Fabricio Alvarado ganara la elección presidencial del primero de abril, el prestigio y liderazgo de Costa Rica a escala global experimentarían casi de inmediato un daño inestimable, especialmente en el campo de los derechos humanos. Además, el video en el que la primera dama se comunica en lenguas, probablemente circularía otra vez, pero ahora a escala planetaria.
No es posible vislumbrar cómo variarían las condiciones económicas del país (sobre todo la inversión extranjera directa), una vez que se conociera que un partido religioso, sin cuadros propios y sin experiencia gubernamental, asumiría el control del Banco Central, de la Fuerza Pública y de la Dirección de Inteligencia y Seguridad.
Podría ser que el gobierno fabricista intentara retornar a la “terapia de shock”, con iniciativas dirigidas a recortar fuertemente el gasto público, cerrar o fundir instituciones y abrir el mercado eléctrico; pero, si lo hiciera, rápidamente se vería frenado por la protesta social, la oposición legislativa y los controles institucionales democráticos, en particular, los ejercidos por la Sala Constitucional.
De hecho, en un gobierno fabricista, dicha Sala, en atención a las posibilidades de que las comunidades sexualmente diversas pudieran ser hostigadas o perseguidas, podría inclinarse más bien por blindar sus derechos de manera definitiva y pronunciarse a favor del matrimonio igualitario.
Puesto que el apoyo a dicho gobierno vendría de votantes muy volátiles, que dieron su respaldo como protesta en contra de los otros partidos o con la expectativa de defender una realidad familiar y sexual que solo existe en la imaginación de quienes la utilizan con fines electorales, la administración fabricista rápidamente defraudaría a unos y a otros, sobre todo porque no podría evitar la consolidación del matrimonio igualitario ni satisfacer las expectativas que ha creado de que mejoraría la gestión pública.
Rivales. De ganar el fabricismo, la principal preocupación de la Iglesia católica y de los otros partidos políticos sería en qué medida los enormes recursos de que dispone el Estado costarricense podrían ser puestos en función de extender y consolidar los cultos evangélicos y el PRN.
Para el PLN, el PUSC y el PAC, en particular, el dilema sería colaborar o no colaborar con el PRN. Si lo hicieran y la administración fabricista fracasara, tendrían que pagar la factura por haber sido corresponsables del desastre respectivo en los comicios del 2022. En cambio, si colaboraran y el gobierno fabricista fuera un éxito, los réditos electorales correspondientes serían cosechados por el PRN en el 2022. De cualquier manera perderían.
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La viabilidad de un gobierno fabricista dependería decisivamente de dejar de lado los asuntos religiosos, que fueron precisamente los que permitieron que el PRN se clasificara a segunda ronda. En esto reside su mayor diferencia con el PAC: el PAC es solo partido y como tal compite únicamente en el mercado político. En cambio, el PRN no es solo partido, es también iglesia, por lo que compite en dos mercados a la vez: el de la política y el de la fe.
Debido a esa doble competencia, una administración fabricista podría desgastarse muy rápida y fácilmente, y originar daños económicos, institucionales y culturales cuya reparación podría prolongarse mucho más allá del 2022.
El autor es historiador.