Nada como las imágenes impactantes para marcar las percepciones. Las de alcaldes esposados camino a celdas judiciales han dominado la semana. ¿Era necesaria y proporcionada la acción (esposar y encerrar) que las produjo? Tengo dudas. Aunque no me atrevo a poner las manos en el fuego por los afectados, y tampoco considerarlos culpables ad portas, quizá habría bastado con que se les citara a las indagatorias en el momento de los allanamientos. Pero pasó lo que pasó y las imágenes ya están grabadas en nuestras retículas y mentes. Con ellas, razones procesales aparte, se ha reforzado una conclusión cada vez más necesaria para nuestra democracia: la necesidad de reformar el sistema de representación política; en este caso, la elección de alcaldes, uno de sus componentes. Este quizá sea el primer resultado positivo de la Operación Diamante.
La mezcla de reelección indefinida, enorme abstención, falta de umbrales mínimos para ganar (quien más votos obtiene, no importa el porcentaje), concejos fragmentados y débiles y discrecionalidad decisoria les ha dado enorme y prolongado poder a los alcaldes. Basta con movilizar unos pocos votantes para mantenerse en el cargo e, incluso, imponerse sobre sus propios partidos: la franquicia es más personal que institucional. Por ello, pueden cambiar fácilmente de alero, como demuestran varios ejemplos. En el caso del PLN, se ha extendido a sus órganos de decisión nacional y ha creado un poderoso lobby legislativo.
Si, como dice la canónica frase de Lord Acton, «el poder absoluto corrompe absolutamente», el que es indefinido puede corromper indefinidamente. Se vuelve entonces un mal sistémico, mucho más perjudicial y difícil de desarraigar. De ahí la urgente necesidad de poner límite a la reelección consecutiva: con un período más basta.
Por ahora, el Ejecutivo puso en la agenda legislativa un proyecto de ley en ese sentido. Nadie se ha manifestado en contra, pero sí ha habido curiosos llamados a «estudiarlo» (¿descarrilarlo?). Sin embargo, es apenas una pieza del desafiante rompecabezas de la representación política. Aún más importante es modificar el sistema para elegir diputados, que requiere reformas constitucionales. Pero aquí ni siquiera se ha abierto el camino para el debate. ¿Qué tipo de imágenes necesitaremos para que comience en serio?
Los alcaldes Johnny Araya, de San José; Mario Redondo, de Cartago; Humberto Soto, de Alajuela; Alfredo Córdoba, de San Carlos; Alberto Cole, de Osa; y Arnoldo Barahona, de Escazú, fueron detenidos por el caso Diamante. El miércoles se les impusieron medidas cautelares y fueron liberados. Fotos de archivo
Eduardo Ulibarri es periodista, profesor universitario y diplomático. Consultor en análisis sociopolítico y estrategias de comunicación. Exembajador de Costa Rica ante las Naciones Unidas (2010-2014).
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