EscucharEl martes, cuando no había claridad sobre el veto de Carlos Alvarado a la mal llamada “Ley general de acceso a la información pública y transparencia”, el presidente, Rodrigo Chaves, declinó definir su posición para no interferir con la decisión del entonces mandatario.
Es un gesto de cortesía inobjetable. Lo inquietante fueron los elementos que tomaría en cuenta si la decisión le hubiese correspondido.
“Hay dos bienes que el Estado y la legislación costarricenses deben tutelar. Uno es la libertad de prensa y otro es la privacidad y la dignidad de las personas. Entonces, escoger entre esos dos bienes que se deben tutelar va a ser un poco más difícil”, afirmó.
En realidad, no podía haber una escogencia más sencilla, y la dificultad aludida por el presidente siembra duda sobre su comprensión del papel de la libertad de expresión en la sociedad democrática.
El supuesto conflicto de valores está resuelto desde hace décadas en la doctrina y jurisprudencia. Un amplísimo desarrollo del pensamiento jurídico ofrece instrumentos para dilucidar la cuestión y, cuando media el interés público, se pronuncia por proteger, más que la libertad de prensa, la de expresión.
Esa libertad no le pertenece exclusivamente a la prensa. Es un derecho humano fundamental y su núcleo contiene el libre acceso a la información de interés público.
Es la facultad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, según la definición del artículo 13 de la Convención Americana.
El menoscabo de cualquiera de esos tres elementos lesiona el derecho como un todo. No se puede difundir información si no es accesible, y si no se le difunde, no puede ser recibida.
La ley cercenaba la facultad de buscar, porque excluía del libre acceso a la información pública lo relacionado con “la prevención, investigación y sanción de los ilícitos penales, administrativos o disciplinarios”, entre otros asuntos objeto de debate público en la sociedad democrática.
La inconstitucionalidad de la norma es obvia. También su incompatibilidad con la Convención y, desde luego, el desequilibrado celo por la privacidad.
La lucha contra la corrupción prometida por el presidente sufriría un fuerte golpe si la prensa viera limitado su acceso a las informaciones citadas.
Para constatarlo, basta con hacer un repaso del origen de los casos más sonados en las últimas décadas. Si no fueron fruto de la labor policial, surgieron de la prensa, cuyas publicaciones, en muchas oportunidades, alertaron a la policía.
agonzalez@nacion.com
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El presidente, Carlos Alvarado, vetó parcialmente, el 6 de mayo, la mal llamada “Ley general de acceso a la información pública y transparencia”. (Cortesía Presidencia)
