El presidente de la República, Carlos Alvarado, aseguró este miércoles que, por problemas de trámites, no podrá vetar la ley que impediría a los periodistas informar sobre causas penales. Alegó que no será posible hacerlo antes de terminar su mandato, el próximo domingo 8 de mayo.
Según dijo, el Congreso aún no envía el decreto legislativo, aprobado la semana anterior en segundo debate, debido a que está pendiente la firma de algunos exdiputados encargados de hacer el trámite.
El mandatario saliente argumentó que el procedimiento de veto presidencial requiere que los ministerios implicados en la nueva legislación emitan criterios jurídicos que sustenten la decisión. No obstante, las autoridades salientes desalojarán sus oficinas para dar campo al nuevo gobierno este mismo viernes.
Asimismo, Carlos Alvarado aseguró que hay “una presa material de decretos y leyes” pendientes de firmar en Casa Presidencial. Eso, según el presidente saliente, complica aún más el panorama de un posible veto a la cuestionada legislación.
“No es que llega la ley y yo digo ‘se veta’. Tiene que venir con el respaldo del criterio jurídico de ministerios y, a partir de ahí, es que el presidente emite o no el acto del veto.
“Ahora, si esta ley va a ser firmada (por los exdiputados) el día jueves, según nos dicen en el Congreso, llegará el día jueves en la tarde o viernes en la mañana a la Presidencia. Es decir, ya nosotros, digamos… yo desocupo mi oficina el propio viernes; muchos de los ministros lo hacen; ya estamos en plena transición.
“Además, tenemos una centena de decretos y otras leyes por firmar, por sancionar en Presidencia. Hay una presa material”, expresó Alvarado.
Consultado sobre el contenido de la ley, Carlos Alvarado, quien es periodista de profesión, manifestó: “Yo creo que el interés público está sobre cualquier cosa y tiene que haber una expansión máxima en materia de libertad de prensa, en eso soy defensor. Ahora, yo también como presidente también tengo que ser responsable y no creo conveniente hacer algo que no lleve el procedimiento constitucional”.
Este martes, en la conferencia de prensa de la presentación del tercer grupo de nuevos jerarcas, el mandatario entrante, Rodrigo Chaves, fue consultado si vetará la ley. Al respecto respondió: “Yo voy a permitir que don Carlos (Alvarado) tome su decisión, que es vetar, firmar o esperar. Una vez que él haya tomado su decisión, el 9 de mayo yo tomaré y comunicaré la mía”.
“Hay dos bienes que el Estado y la legislación costarricense debe tutelar, uno es la libertad de prensa, y otro es la privacidad y la dignidad de las personas. Entonces, escoger entre esos dos bienes que se deben tutelar va a ser un poco más difícil”, afirmó Chaves.
La cuestionada legislación impediría a los periodistas y medios de comunicación informar sobre investigaciones judiciales, como el Caso Cochinilla o el Caso Diamante. El Colegio de Periodistas (Colper) afirmó que la iniciativa “constituye una mordaza a la prensa”.
Así, por ejemplo, en el caso de una investigación como la del Caso Cochinilla, los medios de comunicación no podrían publicar detalles sobre la pesquisa, la identidad de los investigados o sobre eventuales audiencias. Lo mismo ocurriría con procesos internos en las instituciones.
“Resulta en un contrasentido con el principio de transparencia que debe regir en la actuación pública, ilógico en tanto limita las capacidades de comunicar políticas de prevención, que en buena medida dependen de su publicidad para resultar eficaces y contradictorio con el principio de publicidad que rige, en la fase de juicio, de los procedimientos jurisdiccionales”, advirtió el Colper.
Inclusive, los jefes de las bancadas entrantes del Partido Liberal Progresista (PLP), Frente Amplio y Unidad Social Cristiana (PUSC), Eli Feinzaig, Jonathan Acuña y María Marta Carballo (subjefa socialcristiana), exigen el veto de la ley.
