Diputados de varias fracciones y el Colegio de Periodistas (Colper) solicitaron al presidente de la República, Carlos Alvarado, vetar la ley que impediría a los periodistas y medios de comunicación informar sobre investigaciones judiciales como el Caso Cochinilla o el Caso Diamante.
La ley fue aprobada la semana anterior por el Congreso, para garantizar el acceso a la información pública en 48 horas. Sin embargo, aunque contribuye a disminuir los plazos que tienen las entidades para dar respuesta a los periodistas, el proyecto contiene tres incisos que impiden a la prensa informar sobre la prevención, investigación y sanción de los ilícitos penales, administrativos o disciplinarios.
El pasado viernes 29 de abril, Belisario Solano, presidente del Colper, envió una carta al mandatario para solicitar el veto parcial de la ley, pues a su criterio la iniciativa “constituye una mordaza para la prensa”.
“Tal texto atenta, directamente contra la libertad de prensa, por resultar desproporcionado y contrario al principio de transparencia, pues afecta directamente el derecho de informar y ser informado, limitando excesiva e injustificadamente, tal derecho”, indica la misiva.
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En específico, Solano cuestionó los incisos d), g) y k) del artículo 8 del proyecto, el cual establece límites al derecho de acceso a la información pública.
Entre los temas restringidos figuran la prevención, investigación y sanción de los ilícitos penales, administrativos o disciplinarios; información acumulada para prevención e investigación de delitos, investigaciones preliminares de carácter judicial o administrativa; así como lo relativo a estudios e investigaciones sobre procesos disciplinarios, los expedientes en trámite y las resoluciones administrativas.
Según explicó el Colper, dichos incisos no solo violentan la normativa convencional, sino que también contravienen la Constitución Política al imponer límites al acceso libre de la información, limitar la libertad de prensa y el derecho a la información.
Así, por ejemplo, en el caso de una investigación como la del Caso Cochinilla, los medios de comunicación no podrían publicar detalles sobre la pesquisa, la identidad de los investigados, sobre eventuales audiencias ni sanciones. Lo mismo ocurriría con procesos internos, administrativos y disciplinarios en las instituciones.
“Resulta en un contrasentido con el principio de transparencia que debe regir en la actuación pública, ilógico en tanto limita las capacidades de comunicar políticas de prevención, que en buena medida dependen de su publicidad para resultar eficaces y contradictorio con el principio de publicidad que rige, en la fase de juicio, de los procedimientos jurisdiccionales”, agrega la carta del Colper.
El pasado lunes, al finalizar la presentación de su último informe ante el Congreso, el mandatario se manifestó en forma breve al ser consultado sobre este proyecto, el cual todavía no ha llegado a Casa Presidencial.
“No nos ha llegado, para hacer ese proceso y ese análisis. Lo veo difícil, que los tiempos nos den para ese proceso. Son 10 días hábiles, y ya estamos el domingo (8 de mayo) entregando la banda. Entonces depende de los tiempos. Creo que corresponderá a la siguiente administración”, aseveró.
Por su parte, el presidente electo, Rodrigo Chaves, indicó que esperará a conocer la decisión que tome Alvarado antes de dejar el poder. Así lo manifestó al término de la presentación de los últimos miembros de su futuro gabinete.
Diputados piden vetarla
El pasado lunes 2 de mayo, el diputado Eli Feinzaig, del Partido Liberal Progresista (PLP), también envió una misiva a Alvarado, alegando que los medios de comunicación tienen el derecho y la obligación de informar sobre las investigaciones que sean de interés público.
“En el contexto de la situación en la que se encuentra el país respecto a los últimos acontecimientos de corrupción, entre los mas recientes a mencionar: UPAD, Cochinilla, Diamante, entre otros; preocupa en sobremanera la iniciativa de ley aprobada en días anteriores por los señores diputados y señoras diputadas con mandato cumplido”.
“Los hechos de corrupción en Costa Rica son de larga data y siempre se ha considerado la comunicación a la ciudadanía en aras de transparencia. La iniciativa de ley viola principios constitucionales y de derechos humanos consagrados en los articulo 29 de la Constitución Política y 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos”, aseveró Feinzaig.
Este martes, más fracciones se sumaron a la petición. Según explicó Jonathan Acuña, jefe del Frente Amplio, la bancada tiene dudas sobre el texto del proyecto y anunció que si no es vetado por el Ejecutivo presentarán una acción de inconstitucionalidad en su contra.
“Hemos solicitado el veto porque hay fuertes dudas de que si estas normas podrían implicar algún tipo de restricción a la labor que realiza la prensa, en respeto al derecho fundamental de la libertad de prensa. Consideramos que no se puede pasar por alto esto y que el presidente electo debería enviar un veto por razones de inconstitucionalidad”, comentó.
María Marta Carballo, subjefa de fracción del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), también se manifestó contra el plan, por considerar que resulta violatorio para los medios de prensa y que impediría informar sobre casos de corrupción que involucren a jerarcas y funcionarios públicos.
“Este texto aprobado por la anterior Asamblea Legislativa nos preocupa muchísimo porque en realidad limita la libertad de prensa en este país y entorpece el ejercicio del periodismo investigativo. Nosotros como bancada, le exigimos al presidente su veto parcial y nos ponemos a las órdenes del Colegio de Periodistas de Costa Rica, para subsanar los errores que reúne este texto”, señaló Carballo.