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En los últimos días, se ha intentado instalar una narrativa errónea sobre el tema de los eurobonos, al indicar que la Asamblea Legislativa no aprobó la emisión por $2.000 millones para su colocación internacional. Esa afirmación no solo es falsa, sino que encubre una verdad más incómoda: el gobierno fue incapaz de cumplir las condiciones que él mismo negoció para acceder a esos recursos. Y esa es una falla del gobierno, no de la Asamblea Legislativa.
Lejos de obstaculizar a la actual administración, la Asamblea Legislativa ha mostrado una generosidad institucional que habríamos deseado en otros momentos mucho más difíciles. El 1.° de diciembre de 2022, la Asamblea aprobó la Ley N.º 10.332, que autorizó la emisión de $5.000 millones en eurobonos.
El contraste con lo autorizado a la administración Alvarado Quesada es evidente: en aquel caso, la Asamblea autorizó $1.500 millones en eurobonos mediante la Ley N.º 9708, aprobada en julio de 2019. Fue una autorización mínima a pesar de estar en plena crisis fiscal: apenas la mitad de lo que se le autorizó colocar a esta administración, sin mayor requisito, en un solo año.
Del monto total autorizado, $3.000 millones fueron efectivamente colocados en el año 2023. Para los años 2024 y 2025, se autorizó la emisión de $1.000 millones por año, condicionados al cumplimiento de parámetros fiscales sobre el balance primario del Gobierno Central, la relación deuda pública/PIB, la ejecutoria cuantitativa decreciente del saldo de la deuda total del Gobierno Central al 31 de diciembre de 2022 (en sencillo: una reducción efectiva del saldo de la deuda), y la relación entre el pago de intereses de la deuda y el PIB.
Esas condiciones fueron conversadas directamente con el ministro de Hacienda y la ley contó con el respaldo unánime de las diputaciones oficialistas. Es decir, el gobierno acordó las condiciones con la claridad de que cumpliría con facilidad las obligaciones que estaba asumiendo.
Debemos entender que, para el gobierno, el cumplimiento de este tipo de condiciones era algo muy sencillo, como se puede deducir de las declaraciones de don Rodrigo Chaves, quien, como presidente electo, indicó el 4 de abril de 2022, que el acuerdo de ajuste fiscal firmado por la administración Alvarado Quesada con el Fondo Monetario Internacional (FMI) fue “poco ambicioso”, por lo que él le iba a “añadir aderezos” (seguramente familia de los “antojos” o “cariñitos”) que, para efectos concretos, nunca especificó.
También, dentro de las condiciones de la Ley 10.332, se encontraba la instalación de los escáneres. Otra vez, el propio presidente Chaves consideraba esto un tema superado, como lo señaló, solo cinco días después de haberse aprobado la citada ley, cuando indicó: “Compatriotas, yo me voy a morir tranquilo, en parte porque al fin, luego de 15 años de indolencia, que teníamos la obligación legal de poner escáneres, ya el año entrante van a estar instalados” (ese “año entrante” era 2023).
Precisamente, la falta de puesta en funcionamiento de los escáneres fue uno de los aspectos que se trajo abajo la posibilidad de que el gobierno colocara los $2.000 millones autorizados, la mitad en 2024 y los otros en 2025, puesto que después de tres años de dar por sentado que iban a ser instalados, hasta el día de hoy siguen sin funcionar.
Tal y como ha sido público y notorio, los escáneres que este gobierno inauguró todavía no están en funcionamiento, debido a que el proceso de instalación no ha concluido.
Finalmente, el Ejecutivo no cumplió con las condiciones requeridas: los escáneres no funcionaron, algunas metas de balance primario y reducción de deuda no se alcanzaron y, por tanto, el gobierno no podía ir a los mercados internacionales a colocar los eurobonos.
Al no cumplir con los objetivos pactados, el Ejecutivo presentó el Proyecto de Ley 24.462, que pretendía modificar las condiciones previamente acordadas. En otras palabras, buscaba que la Asamblea perdonara su ineficiencia y le permitiera emitir los eurobonos sin cumplir los requisitos establecidos. Como diría Groucho Marx: “Si esos objetivos me estorban, aquí tengo otros más facilitos”.
De eso trataba el Proyecto de Ley 24.462. Simplemente, era una reforma a la Ley 10.332, con la finalidad de perdonar al Poder Ejecutivo su ineficiencia y permitirle brincarse las reglas acordadas previamente con los diputados, ni más ni menos.
Ese proyecto era una forma de encubrir que el Poder Ejecutivo no pudo alcanzar los parámetros negociados. Si esto hubiera ocurrido en la negociación con el FMI, sería el equivalente a decir que “no se completó satisfactoriamente la evaluación” y, por tanto, se suspenderían los desembolsos. Lo mismo ocurrió en este caso, el Ejecutivo no pasó el examen y, por tanto, no tiene acceso a recursos adicionales.
Por otro lado, para terminar el plan de financiamiento del gobierno para el año 2025, el gobierno solo debe ir al mercado interno, dentro de los próximos tres meses y medio, por una suma inferior al billón de colones. Para efectos del Ministerio de Hacienda y del mercado interno, esto es un monto reducido y, por ello, fácil de colocar.
No es aceptable ningún tipo de drama por esta pequeña colocación y tampoco debe aceptar el Ministerio de Hacienda que los inversionistas institucionales suban la tasa de interés, cuando ellos mismos requieren de estos bonos como la materia prima para realizar su trabajo.
La responsabilidad del incumplimiento para la emisión de estos $2.000 millones de eurobonos recae exclusivamente en el Poder Ejecutivo. No fue falta de autorización, sino falta de capacidad para cumplir lo que él mismo pactó y que, con exceso de soberbia, pensó que cumpliría fácilmente. Aquí no sobra recordar aquel mal traído refrán popular: “Una cosa es verla venir y otra… bailar con ella”.
Elian Villegas Valverde es abogado con 30 años de experiencia en mercados financieros. Fue ministro de Hacienda en la administración de Carlos Alvarado.
