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Los resultados electorales desagregados gritan que quedan muchos excluidos de los beneficios del desarrollo y lejos del Estado: abandonados, desilusionados, casi desesperanzados. Algunos viven en la Gran Área Metropolitana (GAM), en grandes bolsones de pobreza; la mayoría, en sus bordes, costas y fronteras. Ya le cobraron caro al viejo bipartidismo y al primer experimento de cambio. ¿Habrá un nuevo castigo a la segunda promesa que inaugurará su segundo periodo?
Pero hoy prefiero referirme a quienes han convertido en aspiración parecerse a algún otro país de la región. Por eso, conviene ver con claridad, pensar con serenidad y actuar.
Centroamérica atraviesa un momento de definiciones profundas, en el que la distancia entre la macroeconomía y el bienestar social se ensancha. Para entender este fenómeno, no basta observar el crecimiento del PIB; es imperativo analizar la “sala de máquinas” del Estado: su institucionalidad. Como señala el estudio del BID Una mirada al gasto social en Centroamérica, la institucionalidad es el filtro que determina si la riqueza se traduce en calidad de vida o queda atrapada en los laberintos de la ineficiencia.
La excepción costarricense ante el espejo regional
Históricamente, Costa Rica ha sido la excepción en el Istmo. Mientras nuestros vecinos luchaban por construir estructuras básicas de protección social, nosotros consolidamos una arquitectura institucional madura que hoy nos sitúa en la categoría de desarrollo humano “muy alto”. Instituciones como la CCSS y nuestras universidades públicas son el resultado de una decisión política de Estado que priorizó lo social sobre lo financiero durante décadas.
Sin embargo, el Informe Estado de la Nación 2025 lanza una advertencia que no podemos ignorar: entramos en una “época de retrocesos”. La paradoja es cruda. Celebramos una consolidación fiscal que redujo la deuda pública al 57,4% del PIB, aunque no de manera sostenible, según sabemos ahora. Pero esa misma disciplina fiscal, aplicada mediante reglas rígidas, está agrietando los servicios que nos hicieron diferentes. La inversión en educación ha caído a mínimos históricos, poniendo en riesgo la movilidad social de las próximas generaciones.
El contraste con El Salvador
Los datos de la Cepal para 2025 y 2026 son reveladores. El Salvador ha mostrado voluntad política para incrementar su gasto social, alcanzando el 9,0% del PIB.
No obstante, existe una barrera que la retórica no puede saltar: la capacidad de recaudación por persona. Mientras Costa Rica invierte más de $1.800 anuales por persona en el área social, El Salvador no logra superar los $600. Esto explica por qué, pese a las entregas masivas de tecnología en escuelas salvadoreñas, los resultados en salud y esperanza de vida siguen rezagados: 80,5 años en Costa Rica frente a 71,5 en El Salvador.
Nuestra institucionalidad, aunque estresada, sigue ofreciendo resultados que nuestros vecinos aún ven como una meta lejana.
El motor que se agota
¿Por qué recaudamos de manera tan distinta? La respuesta está en el empleo. La informalidad limita la posibilidad de sostener la inversión social. En El Salvador, siete de cada diez trabajadores operan en la informalidad, lo que reduce significativamente la base tributaria. Costa Rica ha mantenido históricamente una informalidad cercana al 40%, lo que ha permitido que el empleo formal financie la salud y las pensiones. Esto contrasta con el peso de las remesas en El Salvador, que alcanzaron cerca del 24% del PIB en 2025, reflejo de una masiva emigración.
Sin embargo, la creación de empleo formal en Costa Rica se ha estancado. Si perdemos nuestra base de cotizantes –algo que ya se anticipa por nuestra extraordinariamente baja tasa de fecundidad– el modelo de bienestar se vuelve insostenible. La Cepal advierte de que estamos ante una “presión sistémica”: si permitimos que el mercado laboral se informalice y caiga la participación de mujeres y jóvenes, mientras recortamos la inversión pública, terminaremos convergiendo con el promedio regional en lugar de jalarlo hacia arriba.
Nuestro activo más valioso
La institucionalidad costarricense es el activo más valioso que tenemos, pero esa estructura no funciona por inercia: requiere actualización técnica mediante gestión por resultados y, sobre todo, recuperar la prioridad política de lo social.
No podemos permitir que el éxito en la gestión de la deuda sea la tumba de nuestra inversión en desarrollo humano. El desafío del próximo ciclo político es romper la falsa dicotomía entre estabilidad fiscal y bienestar.
Si no reinvertimos en educación y salud con visión de largo plazo, la “excepción costarricense” pasará a ser un capítulo nostálgico en los informes internacionales. El país de los “bordes” olvidados y el centro próspero no puede sostenerse mucho tiempo sin que se rompa la cohesión que nos ha definido como democracia.
miguel.gutierrez.saxe@gmail.com
Miguel Gutiérrez Saxe es economista.
