El veto del presidente Rodrigo Chaves al proyecto de allanamientos 24/7 se convirtió en un carnaval de contradicciones. El gobierno y los diputados chavistas han incurrido en tantas paradojas que ya me queda poca duda de que la decisión fue más una represalia contra el OIJ que una objeción fundamentada. Y me preocupa que los cambios de postura dependan de reacciones emocionales o de mediciones de opinión popular en determinados momentos, en lugar de ser estrategias contra la criminalidad.
Antes del primer debate, los diputados chavistas apoyaban con entusiasmo el proyecto para que las autoridades judiciales pudiesen efectuar allanamientos sin restricción de horario ni de día.
En febrero, la diputada Pilar Cisneros calificó de “regalito para los delincuentes” la norma actual que restringe la ejecución de allanamientos al horario comprendido entre las 6 a. m. y las 6 p. m., salvo en casos excepcionales (artículo 193 del Código Procesal Penal).
Los chavistas votaron a favor de la reforma en primer debate, pero cambiaron de opinión para el segundo, el 29 de abril. Cisneros alegó después que el Congreso no tomó en cuenta a “abogados penalistas que tenían mucho que opinar sobre eso”. ¿Cuáles abogados?
Luego, el 14 de mayo, el presidente emitió un veto total a la reforma, un día después de que las autoridades judiciales realizaran allanamientos por presuntas anomalías en la reparación de la pista del aeropuerto Daniel Oduber. Dijo que no quería “darle alas al animal ponzoñoso”.
Sorprendentemente, la semana pasada, se analizó el veto en la Comisión de Asuntos Jurídicos del Congreso y dos diputados chavistas, Jorge Rojas y Daniel Vargas, votaron a favor de recomendar al plenario el resello del proyecto, pasándole por encima al veto de Chaves.
Rojas alegó que el presidente y la fracción chavista manifestaron su respaldo a la reforma si se corregían “aspectos del texto original”.
Sin embargo, el veto fue total, no parcial; tanto es así que, entre las razones, Chaves alegó que el proyecto “afecta el derecho constitucional a la inviolabilidad del domicilio, así como a otros principios constitucionales”. Y los cambios que se le hicieron son para aclarar la redacción, sin modificar el fondo.
Además, si fuese cierto que están de acuerdo, ¿por qué congelaron el plan durante los tres meses de sesiones extraordinarias, de mayo a julio? ¡Tres meses perdidos!
Lo que antecedió a este cambio de postura fue el surgimiento de noticias realmente preocupantes sobre la seguridad del país. ¿A qué están jugando?
