El veto del presidente Rodrigo Chaves al proyecto de allanamientos 24/7 se convirtió en un carnaval de contradicciones. El gobierno y los diputados chavistas han incurrido en tantas paradojas que ya me queda poca duda de que la decisión fue más una represalia contra el OIJ que una objeción fundamentada. Y me preocupa que los cambios de postura dependan de reacciones emocionales o de mediciones de opinión popular en determinados momentos, en lugar de ser estrategias contra la criminalidad.
Antes del primer debate, los diputados chavistas apoyaban con entusiasmo el proyecto para que las autoridades judiciales pudiesen efectuar allanamientos sin restricción de horario ni de día.
En febrero, la diputada Pilar Cisneros calificó de “regalito para los delincuentes” la norma actual que restringe la ejecución de allanamientos al horario comprendido entre las 6 a. m. y las 6 p. m., salvo en casos excepcionales (artículo 193 del Código Procesal Penal).
