Por: Armando González R..   3 marzo

La Asamblea Legislativa votó por abrumadora mayoría el levantamiento de la inmunidad del magistrado Celso Gamboa, pero hay duda sobre la legitimidad del procedimiento. Poco antes, 31 diputados respaldaron una moción para obviar la exigencia reglamentaria de votar en secreto. Gamboa anunció su intención de cuestionar el procedimiento si la votación se hacía pública. No tardaremos en saber si los recursos del magistrado prosperarán, pero el caso pone sobre el tapete el problema de las votaciones secretas en el Congreso.

Las razones esgrimidas para justificar el secreto son endebles. Los diputados deberían votar, siempre, de cara al pueblo

El artículo 101 del Reglamento legislativo exige el voto secreto cuando se trate de acusaciones y suspensiones de funcionarios, votos de censura, compatibilidad del cargo de diputado con otras funciones y concesión de honores. A manera de lápida, el artículo 104 prohíbe, en esos casos, admitir siquiera una moción para transformar las votaciones secretas en ordinarias o nominales. Tampoco es de recibo cualquier solicitud de consignar la decisión de cada diputado.

Por lo general, el debate sobre las votaciones secretas surge en vísperas de la elección del Directorio del Congreso, especialmente cuando hay peligro de un “mayo negro” y los diputados comprometidos con determinada fórmula procuran garantizar la fidelidad de sus aliados. Quienes creen tener la mayoría, se proclaman defensores de la transparencia y defienden la votación abierta. Quienes tienen esperanza de resquebrajar al bloque mayoritario si sus integrantes votan en secreto, toman la bandera de la libertad de conciencia y rechazan el voto público. Algunos partidos han defendido ambas tesis, según la conveniencia del momento.

Las razones esgrimidas para justificar el secreto son endebles. Los diputados deberían votar, siempre, de cara al pueblo. El secreto, dicen sus defensores, protege contra la corrupción porque ni siquiera el corruptor sabrá cómo votó el legislador, pero, en la práctica, ha servido para transar oscuros acuerdos. La votación pública no es garantía absoluta contra la corrupción, pero obliga a asumir responsabilidades y a ofrecer explicaciones.

Por otra parte, lo menos que debemos exigir a quien se postule para representarnos es hacerlo abiertamente, con valentía y transparencia. Ojalá la erradicación del secreto sea parte de la reforma reglamentaria anunciada por varias fracciones del próximo parlamento. El país se libraría de situaciones como la surgida en el caso del magistrado Gamboa y ganaría en transparencia.

agonzalez@nacion.com

Armando González es editor general del Grupo Nación y director de La Nación.