Los organismo internacionales, sean de naturaleza financiera, como el Banco Interamericano de Integración Económica (BID), o promotores de buenas prácticas, como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), intentan despertarnos a la realidad de una debacle fiscal, demasiado próxima para seguir jugando a la pequeña política.
El país, si no quiere dar crédito a las advertencias, por lo menos debe tomar nota de la conducta de sus dirigentes, cuyo deber es estudiar el problema y entender sus consecuencias. Para eso tienen todas las ventajas: asesores, informes especiales y acceso a las discusiones técnicas, incluidas las visitas de representantes de organismos internacionales.
Cuando se cumplan los dolorosos vaticinios de Álvaro Santos Pereira, exministro de Economía de Portugal y economista jefe de la OCDE, cada cual deberá ser llamado a responder por su contribución a la debacle.
La responsabilidad histórica del ministro de Información, Juan Carlos Mendoza, y del sector del Partido Acción Ciudadana que apoyó sus esfuerzos por descarrilar el plan de Solidaridad Tributaria de Laura Chinchilla no puede ser borrada con el arrepentimiento de hoy. El menosprecio del problema fiscal expresado por Luis Guillermo Solís y su desdén por los “obsesionados” con el déficit, amén de la inacción cuando se dio cuenta de la iliquidez del gobierno, no pueden ser olvidados.
Cuando los jóvenes y los más necesitados sufran las consecuencias del desequilibrio, como lo pronostica Pereira, habrá oportunidad para recordar las 500 mociones planteadas por el diputado Dragos Dolanescu, del Partido Republicano, para prolongar la discusión del urgente Plan de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.
Los sindicalistas intransigentes, impulsores de soluciones mágicas de recaudación, deberán responder ante los empleados públicos si faltan recursos para salarios y, como ocurrió en Portugal, no queda más remedio que recortarlos, sea por el camino de la inflación o como resultado de la confrontación entre los “derechos adquiridos” y lo posible, que se impondrá no importa lo que diga la Sala IV.
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Y los empresarios, cuyo mantra de recortar el gasto se confabula con la idea del desperdicio de los impuestos para justificar el rechazo de todo nuevo ingreso, no tendrán derecho a lamentar los efectos de la desaceleración económica y sus consecuencias, incluida la inseguridad ciudadana. Mejor nos detenemos a pensar y a escuchar.
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Armando González es editor general del Grupo Nación y director de La Nación.
