Columnistas

Engañosas cifras fiscales

Es innegable la mejora en el panorama fiscal, pero es peligroso lanzar campanas al vuelo, cuando la situación está lejos de ser sostenible

Con preocupación, se observa un optimismo rampante con respecto a la evolución reciente de las finanzas públicas y el marcado conformismo con no realizar cambios estructurales en el aparato estatal.

Es innegable la mejora en el panorama fiscal, pero es peligroso lanzar campanas al vuelo, cuando la situación está lejos de ser sostenible. Hay quienes hablan de un equilibrio presupuestario, basados en un supuesto superávit primario proyectado para el 2022. Este optimismo lo exacerban las cifras de enero, recientemente publicadas por el Ministerio de Hacienda, con un superávit primario de 0,1% del PIB. Solo para recordar, 1% del PIB equivale, redondeando, a alrededor de ¢400.000 millones, unos $625 millones al tipo de cambio actual.

Debe distinguirse dos conceptos. El balance financiero es la diferencia entre los gastos e ingresos totales del gobierno. El balance primario es esa diferencia, pero excluyendo los gastos por intereses. Es claro que los intereses son un compromiso ineludible, a ser tomado en cuenta, en el resultado fiscal. Representa el costo de no haber tomado decisiones en el pasado y de financiar los gastos con préstamos. Por tanto, excluirlos es una ficción. Se logrará equilibrio cuando el déficit financiero sea cero.

Lograr un superávit primario es un pequeño paso hacia el equilibrio financiero. En 2022, el gobierno deberá pagar en intereses, aproximadamente, un 5% del PIB, en cifras cerradas, unos ¢2 millones de millones, casi $3.000 millones, más o menos. Esto equivale a casi el 50% de la recaudación total de impuestos. Tendrá que pedir prestado alrededor del 4,4% del PIB, en vez del 5% para este fin. Pedir prestado para pagar intereses sería muy mal visto para una familia. Tratándose del estado, parece no importar.

El financiamiento del déficit financiero aumenta la deuda pública y esta es una seria consecuencia. Según las últimas cifras ajustadas por el inesperado crecimiento del PIB en el 2021, la deuda superó el 68% del PIB, casi 11 puntos porcentuales más con relación al saldo del 2018. Esto es, ni más ni menos, meter el problema fiscal debajo de la alfombra. Y lo peor, la deuda pública seguirá creciendo mientras el déficit financiero siga existiendo.

De acuerdo con la regla fiscal, mientras la deuda esté por encima del 60% del PIB, los funcionarios seguirán con sus salarios congelados, sin aumento ni siquiera por costo de vida. ¿Será esto sostenible por largo tiempo? Para volver a tener una deuda por debajo del 60% se requerirán, al menos, ocho años de un muy austero manejo fiscal.

Varias preocupaciones surgen del análisis de los resultados presupuestarios. Los ingresos tuvieron un crecimiento desmedido, en 2021, de alrededor de 2% del PIB con relación a 2019. La reforma tributaria de 2018, en combinación con la factura electrónica puesta en práctica en períodos anteriores, produjo resultados inesperados. La recaudación total saltó de 14,3% del PIB, en 2019, al 16,3%, cuando el promedio de los últimos cinco años fue de 13,8%. Además, se sustentaron en algunos hechos no repetibles, como la extensión del período fiscal del 2020 a 15 meses y la inclusión de los presupuestos de entes descentralizados en el Presupuesto Nacional, anteriormente no incluidos. Estos aspectos abultaron anormalmente las cifras tributarias de 2021.

Aunque para las autoridades y otras personas ese aumento en la recaudación es una buena noticia, en realidad está lejos de serlo. A los costarricenses, especialmente al sector productivo, el Estado les está quitando posibilidades de ahorrar e invertir para así contribuir a reactivar la economía. Si se suma a las cifras anteriores los ya exagerados impuestos sobre las planillas para financiar programas sociales, tendremos una explicación del porqué una gran parte de la población se mantiene en la economía informal. Esto se agrava porque la Caja Costarricense de Seguro Social no ha entendido la diferencia entre un seguro social y un impuesto.

Si esa exacción de recursos al sector privado fuera para producir nuevos servicios o proveer nueva infraestructura y compensar la disminución de la producción e inversión privada, podría justificarse. Pero básicamente no es así: es para sostener la planilla del gobierno, sin aumentar la producción ni la eficiencia estatal.

Los entrabamientos, exceso de requisitos, controles y trámites innecesarios siguen estrangulando al sector productivo. Las restricciones presupuestarias derivadas, en parte, de la regla fiscal, sin ajustar el aparato estatal, más bien han tendido a empeorar estos problemas. En tales condiciones, lograr reducir el desempleo y la pobreza es cada vez más difícil. Una adecuada reforma estatal, moviendo recursos horizontal y verticalmente entre entes estatales, podría, al menos mejorar estos aspectos, sin necesidad de reducir la planilla estatal. Pero ese tipo de ajustes son un tabú en este país. Cuando se ha hecho algo, ha sido con movilidades voluntarias de funcionarios, lo cual ha empeorado la productividad estatal.

Los gastos crecieron 8,5% entre 2019 y 2021, un aumento de 0,6% del PIB, a pesar de la regla fiscal, la cual no se aplicó con la rigurosidad esperada. El sentido de la regla fiscal era obligar a la administración a realizar cambios estructurales para reajustar el gasto hacia abajo, reacomodando las partidas para mejorar su productividad y hacer más eficiente la labor del Estado. El gobierno prefirió reducir el gasto en programas sociales e infraestructura.

De acuerdo con cifras del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, en los últimos cuatro años, los metros cuadrados de construcción de obra pública bajaron, sostenidamente, desde 1,4 millones a tan solo 789 mil, casi un 45%. El Caso Cochinilla puede haber contribuido a agrandar la caída en los últimos dos años, pero de eso no se trata. Se han reducido sustancialmente los bonos de vivienda y la construcción de infraestructura escolar, con una cantidad significativa de centros educativos operando en condiciones muy precarias. Las pensiones no contributivas se han congelado y lo mismo sucede con las becas educativas y los subsidios sociales.

En estas condiciones, el nuevo gobierno enfrentará una situación muy difícil. Si quiere implementar nuevos programas o políticas, tendrá serias restricciones presupuestarias ¿Se sostendrá la regla fiscal? ¿Será posible cumplir un acuerdo con el FMI?

dmelendeh@gmail.com

El autor es economista.

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