Paradójicamente, las pruebas realizadas este año a estudiantes de quinto grado no solo no cubren la totalidad de contenidos del plan de estudios, sino que parecen un experimento oscuro de sombrías intenciones.
La luz la encendió una tropa de docentes valientes que denunciaron en las redes el atropello, e incontables madres y padres de familia que, por fin, ¡por fin!, se enojaron. Llevo varios años esperando que las familias se organicen y demanden el cumplimiento del sagrado derecho a la educación de sus hijos e hijas. No lo hicieron durante las huelgas del 2018, cuando se perdieron tres meses de clases; tampoco cuando la decisión del cierre de aulas en el 2020 se prolongó más de lo necesario —Costa Rica ostenta el deshonroso récord latinoamericano y de países de la OCDE de haber tenido las aulas cerradas durante más tiempo en la pandemia, a contrapelo de las recomendaciones internacionales—; ni cuando este año se decidió que el curso lectivo se daría en modo híbrido.
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En cambio, al igual que cuando se intentó introducir las guías de educación sexual, la aplicación del controvertido cuestionario como accesorio de las evaluaciones indignó y movilizó a las familias. Lo celebro y espero que de ahora en adelante vigilen y demanden permanentemente el cumplimiento por parte del Estado de todos los derechos fundamentales de sus hijos e hijas.
Pues bien, alguien en el Ministerio de Educación Pública (MEP) consideró pertinente agregar a las pruebas FARO un cuestionario de varios cientos de preguntas sobre «Factores asociados», bajo el enunciado de que el objetivo era «conocer la realidad que se vive en los centros educativos y a partir de los resultados tomar decisiones oportunas».
Los niños y las niñas de 11 años estuvieron sentados cerca de cuatro horas contestando el examen y el cuestionario. Las primeras reacciones que se sintieron en las redes denunciaban el agotamiento físico y mental al que habían sido sometidos los menores. Solo eso constituye un abuso del sistema educativo y un acto desleal para con la población más afectada por las decisiones de los últimos dos años tras la llegada de la covid-19.
Pero el verdadero abuso fue la materia del despiadado cuestionario. Esos datos, recolectados de forma obligada, violan varios artículos de la Ley de protección de la persona frente al tratamiento de sus datos personales, lo cual fue implícitamente reconocido por la propia ministra en un oficio enviado el viernes a las direcciones regionales.
Según la ley, son datos personales (de personas identificadas plenamente por nombre y apellidos) y son sensibles, pues son relativos a la condición socioeconómica de los menores encuestados y sus familias.
La autodeterminación informativa (legítimo tratamiento de sus datos personales) es un derecho fundamental, así reconocido por ley, que implica que ninguna persona está obligada a suministrar datos sensibles. Y cuando se soliciten, se debe garantizar el principio de transparencia administrativa, esto es, informar previa, precisa y expresamente a quienes serán interrogados o a sus representantes, por lo menos sobre los fines, los destinatarios, la no obligatoriedad y el tratamiento que se dará a los datos requeridos.
Hay excepciones a la autodeterminación informativa, taxativamente enumeradas en el artículo 8 de la ley; ninguna de ellas incluye fines académicos o pruebas educativas.
Según denunció la Fundación Pridat, oenegé costarricense dedicada a velar por la defensa de los derechos a la vida privada, la intimidad y la protección de datos personales, «el consentimiento de un menor de edad únicamente puede ser otorgado por sus padres o representantes legales y, para ser válidamente otorgado, habría implicado como mínimo revelar cuál es la finalidad del tratamiento de los datos, el responsable de la base de datos, las personas que podrán consultarla, si esta puede ser transferida a otras entidades públicas o privadas y el plazo de conservación».
Lo más grave es la transgresión del interés superior de los menores edad, consagrado en el artículo 5 del Código de la Niñez y la Adolescencia: «Toda acción pública o privada concerniente a una persona menor de dieciocho años deberá considerar su interés superior, el cual le garantiza el respeto de sus derechos en un ambiente físico y mental sano, en procura del pleno desarrollo personal».
En este caso, el ambiente no era adecuado, no hubo consentimiento informado, ni se tomaron en cuenta la edad, la madurez, la capacidad de discernimiento y otras condiciones personales y socioeconómicas.
Tener datos sobre la situación socioeconómica de la población es fundamental para el diseño y ejecución de política pública oportuna, pertinente y eficaz. El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) ya realiza la labor de recolección de información, respetando los estándares fundamentales de protección de los datos en todas las fases (planificación, recolección, tratamiento, almacenamiento, divulgación) y de los derechos de las personas asociados a aquellos.
El INEC, incluso, mide la pobreza de forma multidimensional. ¿Qué necesidad tenía el MEP de suplantar las funciones del INEC y, además, de forma evidentemente ilegítima?
No basta con destruir los cuestionarios. Es imperativa una investigación rigurosa y exhaustiva a fin de determinar quién ideó semejante exabrupto, con qué fines, quién preparó las preguntas, qué filtros pasaron (¿la ministra, los viceministerios, el Consejo Superior de Educación?) y cuánto costaron. Sí, porque la des-gracia tuvo también un costo económico, seguramente elevadísimo, precisamente en tiempos de vacas escuálidas. Nuestros bolsillos no están para seguir cubriendo huecos y compensando despilfarros.
El otro costo significativo de esa agresión cometida contra nuestra niñez es el descrédito de las pruebas FARO; algunas voces piden que se dejen sin efecto. Con todas sus falencias, son la única herramienta para medir el estado del aprendizaje. Después de este año, sin duda, deben revisarse integralmente; quizás, incluso, deberían apagarse y dar paso a otro instrumento de evaluación.
Lo sucedido es muy grave. La investigación debe llevar luz hasta el último resquicio de responsabilidades con las sanciones correspondientes. Y se debe hacer de forma inmediata. No más procesos interminables que socavan la confianza pública y nos tienen colgando de las uñas en el despeñadero hacia el populismo.
Sin embargo, que la indignación no nos haga perder la visión del bosque, la perspectiva sobre lo verdaderamente importante, que es la crisis integral del sistema educativo, la cual, debido al cierre total, indiscriminado e infundadamente prolongado de las aulas impuesto por la administración Alvarado, fue llevada al extremo.
Sus efectos sobre una amplia generación y, por ende, sobre el futuro del país, son mucho más graves que el infame cuestionario. Colocar a la educación como prioridad nacional es imprescindible e impostergable. De lo contrario, nos lo jugamos todo.
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La autora es administradora pública y activista cívica.
