¿Por qué, querido lector, puede usted ingresar a la página del TSE y averiguar mi segundo apellido, si estoy o he estado casado, cuántas veces y con (o contra) quién? ¿Por qué puede saber el nombre de mi hijo menor de edad, o el distrito donde probablemente me vea en un supermercado? La respuesta es simple: porque el TSE decidió darle a esos datos acceso indiscriminado.
¿Para qué le damos nuestros datos al TSE? Para que organice elecciones, emita cédulas y lleve el registro de nacimientos, defunciones y matrimonios. Es cierto que el Registro Civil y el de la Propiedad responden a una lógica de publicidad registral. Pero publicidad no es barra libre. Que un registro sea público significa que quien tenga un interés legítimo pueda acceder a él; no que cualquiera, sin identificarse ni dar razón alguna, consulte todos los datos de todos y desde cualquier parte del mundo. Esa es la diferencia que el TSE ha ignorado. En democracias maduras, público no significa abierto de par en par, significa accesible con controles.
No se discute que ciertas funciones o instituciones requieren acceso; por ejemplo, un notario puede necesitar saber si alguien está vivo o casado. Entonces, se habilitan los accesos necesarios, con límites y trazabilidad. Y es que la sobreexposición de estos datos es la raíz de las estafas. Costa Rica es el paraíso de la ingeniería social, donde los delincuentes encuentran en el TSE un socio confiable y gratuito para perfilarlo a usted y a su familia.
Luego está la venta de datos biométricos. El TSE tiene más de una década de operar un negocio de verificación de identidad, estructurado sin conocimiento ni consentimiento suyo ni mío. ¿O le dijeron a usted cuando sacó su cédula que las plantillas biométricas de su rostro y sus dedos serían comercializadas?
Quizá alguien pregunte qué hay que esconder, u opine que esos datos deben ser absolutamente públicos, o que es válido espulgar en línea la vida del vecino. Pero otros consideramos que el Estado no debería exhibir ni vender lo que no es suyo.
La Prodhab le recordó la semana pasada al TSE que dar tratamiento a información pública no autoriza a desproteger al ciudadano. Ojalá el TSE, baluarte de nuestra democracia, lo lea como una oportunidad de fortalecer nuestro derecho constitucional a la intimidad. Veremos.
M@mauricioparis.com
Mauricio París es abogado.
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