EscucharDe “frívolas y canallas” calificó el presidente, Rodrigo Chaves, las denuncias e investigaciones que se tramitan ante el Ministerio Público, de las que él forma parte por supuestos delitos relacionados con el financiamiento ilegal de la campaña política que lo llevó al poder.
Las investigaciones judiciales se refieren a hechos ocurridos mientras él era candidato presidencial, de forma tal que no debe hacer ninguna mezcolanza de aquellos hechos con la condición de presidente que ostenta, valiéndose indebidamente de esa jerarquía para presionar —en beneficio personal— la labor que llevan a cabo las autoridades judiciales.
Al igual que todos los ciudadanos, el presidente debe ser respetuoso y soportar el proceso penal sin descalificar de forma anticipada ante la opinión pública los hechos y las investigaciones —con el claro propósito de que se archiven los expedientes—, a pesar de que se iniciaron por impulso del propio Tribunal Supremo de Elecciones.
Conforme al procedimiento especial para juzgar a los miembros de los Supremos Poderes, le llegará el momento de ejercer plenamente su derecho de defensa (material y técnica).
Tendrá la sagrada oportunidad de explicar lo que considere necesario y ofrecer las pruebas de descargo que considere útiles para darles respaldo a esas explicaciones.
Y, en estricto apego al debido proceso, les corresponderá a las autoridades judiciales determinar si esos hechos son constitutivos de eventuales delitos o no.
Por más cargo presidencial que ostente, debe esperar, sin presentarse de forma precipitada ni con altanería en las oficinas de la Fiscalía General a exigir información que los fiscales a cargo del asunto aún no están obligados a entregarle.
Es muy delicado lo sucedido, porque podrían estarse planeando diligencias relevantes y de las que no debe informarse detalles a los implicados mientras estas no se hayan ejecutado, ya que podría malograrse la obtención de eventuales pruebas.
También fue gravísimo que el mandatario incluyera en su deposición ante la Corte Plena este asunto personal, que es anterior e independiente de su actual función presidencial. Fue clarísima la violación del principio de independencia judicial con las manifestaciones que hizo ante los magistrados del Poder Judicial.
Nadie, y menos un presidente, debe entorpecer la instrucción judicial que se desarrolla, ni amedrentar a quienes están a cargo, porque también podría estarse investigando a otras personas.
Sacar provecho del cargo presidencial que ostenta para “golpearle la mesa” a la Fiscalía General de la República —primero— y a la Corte Suprema de Justicia —después— es aquí y en Indonesia un claro abuso de poder o de autoridad.
Hay una clara violación del principio de separación de poderes cuando un presidente quiere valerse de su investidura para presionar el archivo de expedientes judiciales donde se le investiga a título personal.
Este acto de prepotencia del presidente de la República no tiene precedentes. Los mandatarios siempre han respetado la labor de las autoridades judiciales sin impedir que fluya de forma natural.
El presidente quizá no comprenda bien cuáles son sus garantías constitucionales y procesales; sin embargo, a todo ciudadano lo tutela la presunción de inocencia, y no es necesario protagonizar bravuconadas para “demostrar” que es inocente, ya que más bien tanto alboroto podría reflejar lo contrario.
Como dice el adagio, el que nada debe, nada teme, entonces, señor presidente, permanezca tranquilo y respete la labor del Poder Judicial, al igual que debemos hacerlo todos los costarricenses.
Si, como usted afirma, las denuncias son “frívolas y canallas”, saldrá bien librado de estas; de lo contrario, que cada palo aguante su vela.
El autor es abogado penalista.
