Jorge Woodbridge. 6 mayo

El desempeño fiscal viene deteriorándose aceleradamente. El año pasado el gobierno enfrentó serios problemas de caja y, posiblemente, se compliquen más este año si no logramos ordenar la Hacienda pública. No lograremos evitar una crisis a corto plazo si no recortamos los disparadores del gasto y mejoramos la recaudación. La deuda se está volviendo inmanejable y no dejará de crecer mientras no acabemos con el déficit primario, que este año superará el 3,5 % del PIB. No obtendremos estabilidad con un déficit proyectado de un 7,1 % del PIB para este año si nos quedamos con los brazos cruzados.

El presupuesto de gastos del Gobierno Central superará este año ¢9,3 billones. Las transferencias, las remuneraciones y el servicio de la deuda representan el 90 % de los egresos. Al gobierno únicamente le queda el 10 % para fijar prioridades.

Financiamos el 44 % de los gastos con deuda, lo cual está haciendo crecer la deuda pública del Gobierno Central, al pasar de un 35 % del PIB en el 2014 al 54 % del PIB en el 2018. La deuda del Gobierno Central pasó de ¢19,4 billones en el 2014 a ¢28,2 billones en el 2017, esto significa un aumento de ¢8,8 billones.

Las obligaciones crediticias del gobierno están compuestas por un 79 % de deuda interna y un 21 % de deuda externa. Al restringirse el acceso a organismos y bancos extranjeros por el riesgo financiero, deberemos centrarnos en más deuda interna. Esto significara intereses más altos y menores recursos para el sector privado.

La deuda del gobierno significa el 258 % de las exportaciones, el 366 % de los ingresos tributarios y el 237 % de los gastos totales, lo cual genera un gasto creciente y un alto riesgo de insolvencia.

Este año, los intereses son ¢0,9 billones y la amortización supera ¢1,6 billones, por lo cual el gobierno debe buscar ¢2,5 billones para cubrir la deuda. Dicha presión por financiar lo adeudado presionará el gasto y nos obligará a refinanciar a mayor plazo los vencimientos, mientras aprobamos el paquete tributario. La inmovilización de los recursos por el apoyo al Banco Crédito Agrícola de Cartago aumentará en 0,4 % del PIB la deuda del Gobierno Central.

Plan fiscal. Está claro, el actual plan fiscal en discusión en la Asamblea Legislativa no es suficiente para cubrir el déficit primario, proyectado en -3,5 % del PIB, por lo cual debe hacerse un esfuerzo en el recorte de gastos, de al menos un 1 % del PIB, o sea, ¢335.000 millones.

No podemos seguir financiando gastos corrientes con mayor deuda, debe aprobarse una regla fiscal constitucional para ordenar la Hacienda pública. Está claro: mientras no eliminemos el déficit primario, seguirá aumentando lo adeudado.

La liquidez es crítica porque hay 15 veces más pasivos que activos a corto plazo. Este año las planillas del gobierno representarán el 7,54 % del PIB y en el 2008 era el 5,36 %. Esto significa un crecimiento real de un 40 % en solo 10 años. Las planillas significan hoy más del 28 % de los gastos del Gobierno Central.

Las nuevas leyes dispararon las transferencias de ¢783.000 millones, en el 2007, a ¢3,34 millones en el 2018, un crecimiento del 5,7 % del PIB al 9,6 %, un aumento de un 68 % en términos reales.

Si no paramos este crecimiento, de nada servirá el sacrificio fiscal propuesto en la reforma fiscal. No podemos dejar ligadas las transferencias a la producción o a los ingresos. Las transferencias deben estar con base en la capacidad financiera del gobierno.

El FEES está ligado al 1,5 % del PIB, pero la recaudación no crece al ritmo de la economía, generando mayor déficit. Otro caso es el Patronato Nacional de la infancia (PANI), al cual le corresponde al 7 % del impuesto sobre la renta y un 2 % para Dinadeco.

Solo si ordenamos los salarios y transferencias, lograremos los equilibrios financieros requeridos para lograr sanidad fiscal. El plan de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas es un paliativo para un enfermo muy grave. No comamos cuento, los numeritos no dan si no hacemos las reformas en forma integral.

Otro elemento clave: todos los ingresos recibidos por los órganos desconcentrados deben incorporarse en el presupuesto ordinario de la República para su aprobación. Si no flexibilizamos destinos y el manejo de la caja única, estaremos haciendo lo mismo de siempre, con los mismos resultados. El gasto corriente no puede ni debe crecer más que una fracción de lo que crece el PIB, de otra forma nunca lograremos ordenar las finanzas públicas.

Otro disparador del gasto son las pensiones del magisterio; este año serán de ¢573.000 millones; crecieron un 248 % con respecto al 2008. Las pensiones de este régimen tienen un 90 % de salario promedio, sin los límites del régimen del IVM, donde se paga solo el 46 % del salario promedio y hasta 1,5 millones. Algo debemos hacer para ser todos solidarios y no existan dos clases de trabajadores.

Pacto PAC y PUSC. Tiene como ejes la ética, el desarrollo social, la seguridad, la contratación administrativa, la infraestructura, los cambios en la educación, los valores, la libertad, el crecimiento y las medidas rigurosas para frenar el crecimiento del gasto público.

Como eje central se acordó el cambio del Reglamento legislativo. En el campo fiscal, el acuerdo fue impulsar el IVA al 13 %, regular el crecimiento de las plazas de empleados, oponerse a nuevos pluses y racionalizar los actuales, no negociar convenciones colectivas, limitar el pago de anualidades al 2,5 % del salario base, evaluar el desempeño, aprobar la regla fiscal en la Constitución, respetar el régimen de zonas francas, avanzar en el ingreso a la OCDE, regular el empleo público y controlar el gasto con destinos específicos.

Gracias a este pacto, Carlos Alvarado triunfó, pues se presentó con un mensaje político más balanceado, mostró mayor conocimiento y se confió en su palabra para sacar el país adelante. Con este pacto, la mayoría de los liberacionistas y socialcristianos le dieron el triunfo.

Reto. Ahora debemos pasar del discurso floreado al cumplimiento de lo pactado. La oposición debe ser constructiva en estas metas en su totalidad, como parte del acuerdo nacional apoyado por todos los partidos políticos. No se vale cambiar de discurso.

Carlos Alvarado nombró un gabinete multipartidista. En estas elecciones, los costarricenses votaron por personas, programas, y no por partidos. Es importante, aparte de las decenas de compromisos, conseguir prioritariamente cambiar un Reglamento legislativo aprobado hace más de 50 años, que impide respetar a las mayorías, elemento central de toda democracia.

Igualmente, debe aprobarse el proyecto de Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas integral, un necesario sacrificio de todos los sectores de la sociedad.

Sin este proyecto no lograremos solucionar los desequilibrios fiscales actuales. El nuevo gobierno y todos los partidos de oposición deben estar firmes, y no ser rehenes de los sindicatos estatales. El presidente debe ser firme y aguantar los inevitables berrinches de quienes solo piensan en sus intereses y no en los del resto del país.

No podemos posponer las soluciones. El endeudamiento y el gasto público nos están asfixiando. No podemos poner la carga sobre los hombros de los empresarios y los trabajadores del sector privado. No podemos seguir alcahueteando los privilegios de pensiones y pluses. Costa Rica tiene una agenda importante, donde lo primero es lo primero.

El autor es ingeniero.