Juan Carlos Hidalgo. 23 junio

El gobierno se endeudará por ¢225.830 millones para pagar las pensiones de 61.360 personas cuyas jubilaciones salen del presupuesto. Ese monto es apenas una quinta parte de los ¢1,06 billones que Hacienda presupuestó para dicho fin —nada menos que un 2,9 % del PIB—. El resto saldrá de los impuestos.

Si un Estado va a endeudarse, debería hacerlo para financiar infraestructura productiva que dará réditos a largo plazo. Además, las pensiones deberían financiarse con lo que los trabajadores cotizaron durante su vida laboral. Solo en casos excepcionales —asistencia social— se justifica que las jubilaciones se paguen con dinero del erario. El Estado ha llegado a tal grado de disfuncionalidad que no solo se endeuda para pagar salarios en el sector público, sino también para financiar las pensiones de 14 regímenes con cargo al presupuesto. Peor aún, las jubilaciones que otorgan esos sistemas —del cual el del magisterio representa un 74,6 % del total— se financian en un 90 % mediante impuestos. Técnicamente, toda jubilación que paga un monto superior al que la persona cotizó es de lujo, por lo cual todas estas pensiones califican como tales. Muchas pagan, además, sumas millonarias.

Si bien en el 2016 y el 2017 se aprobaron varias reformas que introdujeron una “contribución solidaria” a las pensiones más exorbitantes, los diputados han evitado ajustes más ambiciosos por temor a chocar con pared en la Sala Constitucional. Sin embargo, las declaraciones recientes del presidente de ese tribunal, sobre los límites que, según él, tiene la doctrina de los “derechos adquiridos”, dan pie para contemplar cambios más profundos. Una gran reforma sería aprobar el proyecto del diputado Pedro Muñoz, que unifica todos los regímenes de pensiones en el IVM de la CCSS, pero también introduce una contribución solidaria adicional a las personas que reciban una o más pensiones cuya suma total sea superior al monto máximo fijado por el IVM: ¢1.612.851. La iniciativa pondría orden en el sistema previsional, fortalecería a mediano plazo las finanzas del IVM, pero, más importante aún, moderaría significativamente la sangría fiscal que representan las pensiones con cargo al presupuesto.

El autor es analista de políticas públicas.