El texto dictaminado es la confluencia de dos iniciativas de los diputados Carlos Ricardo Benavides y Yorleny León, del PLN. Trae muchas cosas positivas, como la prohibición expresa de las huelgas políticas, la creación de un procedimiento más expedito para la declaratoria de ilegalidad de estos movimientos, la inclusión de un proceso rápido para que el juez ordene la reincorporación en servicios esenciales y la ampliación de la lista de servicios en los cuales está prohibida.
Sin embargo, en las últimas semanas, ha salido a relucir la necesidad imperiosa de incluir un elemento adicional: la suspensión del pago de salarios a los huelguistas a partir del momento en que cesan labores. En eso, Costa Rica es una excepción —mejor dicho, una aberración— a la regla. La enorme mayoría de los países en América y Europa estipulan que la huelga representa la suspensión del contrato laboral y, por tanto, los trabajadores no reciben pago por labores que no están realizando.
Incluso el Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo ha señalado que “la deducción salarial por los días de huelga no plantea objeciones desde el punto de vista de los principios de libertad sindical”. De tal forma, no son de recibo las denuncias de los gremios y sus defensores en el sentido de que incorporar la suspensión de pago representaría un ataque al derecho a huelga.
La evidencia nacional e internacional apunta a que Costa Rica ha venido haciendo mal las cosas en su tratamiento de las huelgas. Si necesitábamos pruebas adicionales, basta con ver las consecuencias: paralización de servicios durante meses sin ningún tipo de sanción o costo para los sindicalistas. Tan solo en el último año se han perdido más de 100 días escolares, por ejemplo. Eso es demencial. Incorporémonos al concierto de naciones sensatas estableciendo que la huelga no se paga.
jchidalgo@gmail.com
El autor es analista de políticas públicas.
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