El Estado de Costa Rica está cediendo territorio a las peores manos. No estoy hablando de una disputa de límites entre países, sino de la forma en que el crimen organizado está controlando territorios. Un reportaje publicado por La Nación, el 26 de octubre, evidencia la gravedad de esta situación en el cantón de Guácimo, Limón.
Estructuras delictivas están ejerciendo un control ilegal de la comunidad al grado de que se encargan de castigar a quienes cometen robos, pero no seamos ilusos. No lo hacen de gratis, sino que cobran un “tributo” o “peaje” a los comerciantes a cambio de una supuesta protección. Si no pagan, afrontan las consecuencias.
“Es una sensación agridulce porque, mientras él esté, uno sabe que no se van a meter jamaiquinos ni mexicanos, pero también se sabe que carga muchos muertos sobre la espalda”, dijo un comerciante en alusión al supuesto cabecilla del grupo criminal.
Durante el recorrido de un grupo periodístico por Guácimo, un hombre en motocicleta llegó con una actitud intimidante preguntando quiénes andaban tomando fotografías, algo similar a lo que vivió otro equipo en Sixaola cuando investigaba una aparente pista ilegal de aterrizaje.
En el caso de Guácimo, el crimen organizado está llenando los vacíos que deja el abandono del Estado instaurando un sistema paralelo de “cobro de impuestos, seguridad y justicia”, pero el ciudadano lo que vive es extorsión, temor e injusticia.
La Constitución Política encarga a las fuerzas policiales la vigilancia y conservación del orden público. El Poder Ejecutivo está obligado a garantizar la tranquilidad de la nación y el resguardo de las libertadas públicas.
A su vez, el Poder Judicial debe impartir justicia y garantizar el derecho a defenderse, pero en Guácimo hay miedo hasta de denunciar, además de que el tribunal penal más cercano está a 15 kilómetros.
La Fuerza Pública desearía más recursos y el Poder Judicial alega falta de estos cuando un grupo de vecinas pide instalar tribunales penales en Guácimo.
Otro reportaje, publicado por el medio CR Hoy, mostró que, en pleno San José, un grupo narco estaría tratando de controlar el transporte informal de personas entre el centro del cantón y Pavas, lo que desató asesinatos y otros hechos violentos.
Un territorio se convierte en país gracias a sus instituciones y sus leyes. Hoy, el concepto de institución está muy vituperado, pero la ley y los órganos estatales son la forma de ordenar una población, dar oportunidades y mejorar la vida en sociedad.
Si no somos capaces de cumplir la función más básica del Estado, la de la seguridad, estamos en problemas. A veces, uno siente que el Estado se nos va de las manos.
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Esteban Oviedo es jefe de Redacción de La Nación.