Costa Rica registra un déficit fiscal que supera el 6 % del PIB y una deuda del Gobierno Central cercana al 50 % del PIB. De acuerdo con proyecciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), estas cifras podrían superar el 8 % y el 65 %, respectivamente, si no se actúa de manera contundente en los próximos meses.
En ese contexto, el país enfrenta el reto de incrementar los bajos niveles históricos de inversión anual en infraestructura de transporte (1 % del PIB, $600 millones) con el objetivo de financiar proyectos que han esperado por décadas y son claves para promover la competitividad económica y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.
Para ponerlo en perspectiva: tan solo la suma de los recursos requeridos para proyectos como San José-San Ramón ($650 millones), San José-Cartago ($350 millones), carretera a San Carlos ($300 millones), San José-Caldera ($500 millones) y el tren rápido de pasajeros ($1.500 millones), representa alrededor de un 5,5 % del PIB. Ante esta realidad, ¿qué opciones permitirían atender el rezago en infraestructura?
Fuentes de recursos. Lo primero que pensamos es que la participación privada solucionaría el problema al canalizar recursos, gestionar riesgos e introducir innovación en la prestación de servicios públicos. Sin embargo, alguien debe pagar finalmente por la infraestructura y es aquí donde la identificación de fuentes de fondeo se posiciona como una de los principales cuestiones por resolver para poner en marcha modelos de participación público-privada (PPP).
En el caso de cobro a los usuarios, si bien existe una disposición a pagar telecomunicaciones, energía o aeropuertos, en transporte terrestre es normalmente cuestionado al entenderse que los impuestos específicos, como aquellos a los combustibles y a la propiedad de vehículos, resultan suficientes.
Asimismo, el poco valor que se le da al mantenimiento y la preferencia por proyectos nuevos reduce la disposición al pago de tarifas en aquellos proyectos que ya se encuentran en operación. En esta circunstancia, países exitosos en la materia, como Australia, han introducido un mecanismo PPP mediante el cual el pago de una tarifa, además de garantizar una adecuada administración de la infraestructura, permite desarrollar nuevos proyectos para la región beneficiada. Este modelo se denomina internacionalmente reciclaje o aprovechamiento de activos.
Reciclaje de activos. De acuerdo con el informe Global Built Asset Wealth Index 2015, publicado por la firma Arcadis, el inventario de infraestructura y edificaciones de una nación posee un valor aproximado a tres veces su PIB; cifra que debe hacernos reflexionar sobre la oportunidad del Estado de potenciar las numerosas propiedades y activos con los cuales cuenta en todo el territorio nacional.
En este sentido, el reciclaje consiste en estructurar un contrato PPP de un activo público existente donde el sector privado asume los riesgos y la responsabilidad de operación y mantenimiento, pero a su vez reconoce al Estado una buena contraprestación, inicial o periódica, por el derecho a la explotación del activo.
De esta manera, se obtienen recursos frescos para nuevos proyectos y se garantiza una adecuada gestión a largo plazo, lo cual reduce el impacto fiscal producto del limitado e inadecuado mantenimiento. Es decir, contribuye a un desarrollo fiscalmente sostenible de la obra pública. Cabe destacar, por ejemplo, que datos del Lanamme indican que por cada $1 que se deja de invertir hoy en la conservación de la red vial en buen estado, se deberán gastar entre $7,6 y $10 para la reconstrucción de la carretera al final de su vida útil.
Reciclaje de activos impulsaría mercado de valores. El Foro Económico Mundial (2014) en su informe Infrastructure Investment Policy Blueprint encontró que inversionistas institucionales como fondos de pensiones y aseguradoras muestran típicamente una preferencia por proyectos de infraestructura brownfield, es decir, aquellos proyectos en operación y donde el riesgo constructivo es limitado o inexistente.
Así, además de los beneficios expuestos anteriormente, el reciclaje de activos constituye un catalizador del mercado de valores local al proveer a los inversionistas locales proyectos en línea con el perfil de riesgo de sus portafolios. Considerando estos elementos y la situación fiscal imperante, el equipo de asesoría financiera e infraestructura de Deloitte Costa Rica desarrolló el Caso de estudio de la implementación del reciclaje de activos en la carretera Cañas-Liberia.
Cañas-Liberia. La carretera Cañas-Liberia (50 km) fue desarrollada con una inversión inicial de, aproximadamente, $200 millones y se ha posicionado como un referente para el país. Sin embargo, surgen las siguientes preguntas: La administración de la carretera, ¿se enmarca en una estrategia de gestión de activos viales? ¿Cuántos años más se mantendrá el nivel de servicio actual? ¿Es posible generar nuevos recursos para proyectos estratégicos en la provincia?
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El análisis efectuado por Deloitte encontró que, mediante un esquema de reciclaje de activos, esta carretera podría generar hasta $230 millones para invertir en nuevos proyectos para Guanacaste y más de $100 millones en ahorros fiscales al Estado, producto de la reducción en gastos de mantenimiento y gestión de riesgos asociados.
Si bien los modelos PPP (concesión) no serán los únicos aplicables para el desarrollo de obra pública, es imperioso que el país abra espacio a modelos innovadores que fortalezcan la competitividad económica y la calidad de vida de los ciudadanos.
Es hora de dar el paso, con solidez técnica y con la mirada puesta en el uso responsable y eficiente de los limitados recursos públicos.
El autor es economista.