
Durante décadas, el debate económico en Costa Rica se concentró en el crecimiento económico, las exportaciones y la atracción de inversión extranjera. Y, ciertamente, el país logró avances importantes. La llegada de empresas multinacionales y el desarrollo de zonas francas permitieron diversificar la economía y elevar significativamente las exportaciones.
Sin embargo, hoy surge una pregunta más profunda y decisiva: ¿estamos generando suficientes buenos empleos para la mayoría de los costarricenses?
En su libro Shared Prosperity in a Fractured World, el economista Dani Rodrik sostiene que esta es probablemente la pregunta económica más importante de nuestro tiempo. Una economía no se fortalece únicamente porque crezca el PIB o aumenten las exportaciones. El verdadero desarrollo ocurre cuando las personas tienen acceso a empleos productivos, estables y bien remunerados que les permitan construir una vida digna y formar parte de una clase media sólida.
Rodrik señala, además, que los empleos son mucho más que una fuente de ingresos. También generan dignidad, reconocimiento social, estabilidad y sentido de pertenencia. Cuando una economía no crea suficientes buenos empleos, las consecuencias trascienden lo económico: aumentan la frustración social, la desconfianza en las instituciones y la polarización política. La fortaleza de una democracia depende, en gran medida, de que existan caminos creíbles de movilidad social y progreso económico.
Costa Rica enfrenta hoy precisamente ese desafío. Aunque la tasa de desempleo ha disminuido respecto a los años posteriores a la pandemia, persisten señales estructurales preocupantes.
Como señaló Andrés Fernández Arauz en este mismo medio, la tasa de ocupación –es decir, el porcentaje de personas mayores de 15 años que efectivamente tienen empleo– sigue siendo inferior a la observada antes de la covid-19. Antes de la pandemia, rondaba el 56%; hoy apenas supera el 50%. Esto significa que cerca de 250.000 personas menos tienen empleo respecto al periodo previo a la pandemia.
La situación es particularmente preocupante en mujeres y jóvenes. Muchas mujeres abandonaron parcial o totalmente el mercado laboral debido al aumento de responsabilidades familiares y de cuido, así como a la insuficiente oferta de servicios de atención infantil y de personas adultas mayores.
Entre los jóvenes, la caída en el empleo ha sido aún más severa. Decenas de miles de jóvenes menos logran incorporarse al mercado laboral en comparación con el periodo previo a la pandemia, precisamente en una etapa crucial para adquirir experiencia y desarrollar habilidades.
Al mismo tiempo, el mercado laboral costarricense ha cambiado profundamente. Más del 70% del empleo nacional se concentra hoy en actividades de servicios, mientras la agricultura representa menos del 9% y la manufactura, alrededor del 10%. Esta transformación refleja una tendencia mundial: los avances tecnológicos y el aumento de la productividad permiten producir más con menos trabajadores en agricultura y manufactura.
La mayor parte del empleo costarricense se encuentra hoy en servicios no transables: comercio, restaurantes, transporte, logística local, turismo, salud, educación, cuido de personas y servicios personales. Es precisamente allí donde trabaja la mayoría de los costarricenses y donde se concentra buena parte de la informalidad laboral.
Rodrik plantea una idea especialmente relevante para Costa Rica: muchos de los empleos del futuro en servicios no requerirán educación universitaria avanzada. Serán ocupaciones intensivas en interacción humana y dependerán más de habilidades prácticas, organizacionales, digitales y de atención al cliente. Esto tiene enormes implicaciones para el país. El desafío ya no consiste únicamente en formar más profesionales universitarios, sino en elevar la productividad, formalidad y calidad de millones de empleos en comercio, logística, turismo, cuido y servicios personales.
Actualmente, cerca del 38% del empleo nacional permanece en la informalidad, equivalente a aproximadamente 874.000 trabajadores. Para estas personas, ello significa inestabilidad, bajos ingresos, ausencia de protección social y menores posibilidades de movilidad social.
La buena noticia es que Costa Rica cuenta con instituciones y recursos importantes para enfrentar este desafío. El INA, el Ministerio de Trabajo, Procomer, el Sistema de Banca para el Desarrollo (SBD), la PCII, las universidades, las municipalidades y las cámaras empresariales ya realizan esfuerzos valiosos en capacitación y apoyo productivo. El problema radica en la desarticulación de esos esfuerzos.
Además, la propia Ley del SBD establece que el INA debe destinar al menos el 15% de su presupuesto para apoyar a beneficiarios del SBD mediante capacitación y asistencia técnica. Esto representa potencialmente alrededor de ¢42.000 millones anuales que podrían orientarse estratégicamente hacia la modernización de pequeñas y medianas empresas intensivas en empleo.
Costa Rica necesita una estrategia nacional explícitamente orientada a generar buenos empleos, articulando capacitación, innovación, digitalización, financiamiento y formalización empresarial. En este esfuerzo, el BNCR y el SBD podrían desempeñar un papel estratégico, financiando modernización productiva e innovación organizacional en sectores donde trabaja la mayoría de la población.
Pero esta articulación no ocurrirá espontáneamente. Requiere liderazgo estratégico desde la Presidencia de la República y Mideplán, siguiendo el enfoque de “Centros de Gobierno” promovido por la OCDE. La experiencia internacional demuestra que muchas estrategias de desarrollo fracasan no por falta de recursos, sino por ausencia de coordinación y capacidad de ejecución.
El gran desafío de la próxima etapa del desarrollo costarricense consiste en extender productividad, innovación y oportunidades de movilidad social hacia los sectores donde efectivamente trabaja la mayoría de los costarricenses. Porque al final, el éxito de una economía no se mide únicamente por cuánto exporta o cuánto crece, sino por cuántas personas pueden construir una vida digna gracias a su trabajo.
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Ricardo Monge González es el presidente de la Academia de Centroamérica.
