EscucharEs imposible pasar la página sobre el perdón de deudas por ¢6.240 millones, aprobado a ciegas por 39 diputados. Las dudas son muchas y cada día quedan al descubierto pormenores de cómo se negoció ese favor a supuestos agricultores.
Hay que tener en cuenta que el promotor es el gobierno de Carlos Alvarado, el cual presentó el proyecto de ley en mayo del 2020 con la excusa de ayudar a presuntos agricultores por la pandemia.
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Hay que recordar también que los 39 diputados se negaron a exigir a los beneficiados la comprobación de pérdidas antes o a causa de la pandemia. Así de fácil regalan el dinero público en plena campaña electoral. Descaradamente, invocan la pandemia para legislar en nombre de ella.
El término regalones les queda corto porque el único requisito para recibir la condonación es estar moroso, es decir, no haber pagado al Sistema de Banca para el Desarrollo (SBD). Eso se presta, asevera el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero, para que oportunistas se filtren en la lista. Obvio. No hay que estudiar nada para saberlo, pero los diputados cerraron los ojos y votaron.
Además, los perdonados quedarán con el expediente limpio para volver a pedir prestado y con vía libre para que el SBD, con dinero público, gestione una nueva amnistía. Así de fácil.
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Nunca hay que olvidar que el SBD se negó a revelar los nombres de los afortunados. ¿Desde cuándo el dinero público se maneja confidencialmente? Tampoco hay que ignorar que los 2.700 préstamos los presentaron como de 2.700 familias. Falso. En los 2.700 créditos hay personas con varios a la vez.
De no haber sido por la investigación de La Nación, ninguno de esos detalles habrían sido conocidos. Menos se habría hecho público que fueron los productores de arroz quienes presionaron al gobierno y a los diputados para aprobar ese perdón.
Hoy, gracias a la periodista Rebeca Madrigal, se conoce que la noche del 20 de agosto del 2020, el gobierno no solo les hizo un gran favor a los arroceros al mantenerles la fijación del precio del arroz que come la gente más pobre (y la empobrece más), sino que también les firmó un cheque por ¢6.200 millones… sí, dinero público que ven como ajeno. Qué falta de vergüenza.
amayorga@nacion.com
