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Vanessa Loaiza, editora de Sucesos de La Nación, y yo solicitamos a Bomberos de Costa Rica la lista de personas sancionadas por hostigamiento sexual, como seguimiento al caso del bombero Óscar Murillo Muñoz, quien abusó sexualmente de una paramédica y fue condenado a tres años de cárcel por el Tribunal Penal del Primer Circuito Judicial de San José.
Bomberos nos proporcionó datos incompletos, sin los nombres. Los denominó “caso 1, caso 2, etc.” para un total de ocho, violando de esa manera el derecho a la información y la ley contra el hostigamiento sexual, que en el inciso 4 del artículo 5 ordena mantener un registro actualizado de las sanciones en firme, impuestas en el centro de trabajo o institución por conductas de hostigamiento sexual, el cual puede ser “consultado por cualquier persona interesada, resguardando la identidad, los datos personales y cualquier otra información sensible de las víctimas".
En contraste, la institución fue exhaustiva al publicar por algunos canales detalles del expediente de la víctima, pero niega a la ciudadanía conocer los nombres de los sancionados, sean hombres o mujeres.
La información parcial enviada por Bomberos demuestra la trascendencia de la entrega de la lista en los términos fijados por los legisladores con el fin de erradicar conductas de esta naturaleza en los lugares de trabajo, sea en el Estado o en la empresa privada.
Poca importancia al hostigamiento
Según Bomberos, en el 2018, se impuso una suspensión de ocho días sin goce de salario; en el 2019, de 4 días sin goce de salario; en el 2021, de 10 días sin goce de salario; en el 2022, el proceso se inició, pero el expediente se archivó, ya que la persona se acogió a la pensión. Ese mismo año, se impuso otra suspensión durante 4 días sin goce de salario; y en lo que va del 2024, una de 15 días sin goce de salario.
Con esos datos, es imposible saber si se trata de la misma persona o de distintas reincidentes y cuál la gravedad de la conducta. Revela también la poca importancia asignada a hechos tan lamentables, sufridos la mayor parte del tiempo por mujeres en instituciones y empresas privadas.
Las víctimas merecen justicia. Por eso, este problema no termina con una escueta respuesta cuyo fin es proteger a los victimarios.
El Tribunal constató una actitud de micromachismo, y citó en la sentencia que “micromachismos” fue propuesto por el psicólogo Luis Bonino Méndez en el año 1991 para dar nombre a prácticas que otros especialistas llaman pequeños actos de “tiranía” y “violencia soterrada”. Para el autor, estos son “pequeños, casi imperceptibles controles y abusos de poder cuasinormalizados que los varones ejecutan permanentemente. Son hábiles artes de dominio, maniobras y estrategias que, sin ser muy notables, restringen y violentan insidiosa y reiteradamente el poder personal, la autonomía y el equilibrio psíquico de las mujeres, atentando además contra la democratización de las relaciones. Dada su invisibilidad se ejercen generalmente con total impunidad.
— Tomada del expediente 22-000362-0994-PE.
Tendencia a negar información pública
La semana pasada, La Nación dio a conocer que en lo que va del 2024 las violaciones al derecho a la información alcanzaron una cifra récord. De acuerdo con un análisis del registro de estadísticas de la Sala Constitucional realizado por este diario, los magistrados han declarado con lugar 459 recursos de amparo a favor de ciudadanos a quienes las instituciones se han negado a suministrar datos de interés público.
En uno de esos fallos se le ordenó a Héctor Chaves, director de Bomberos, suministrar información sobre funcionarios despedidos sin justa causa.
El récord no es casualidad. En mayo del 2022, pocos días después de iniciada la Administración Chaves Robles, el entonces jefe de despacho, Jorge Rodríguez Vives, hoy ministro de Cultura, ordenó a los directores de Comunicación de las instituciones limitar el flujo de información pública. “No lo vean como censura, sino como disciplina absoluta”, dijo.
La información solicitada a Bomberos es esencial para que conductas como las de Murillo, calificadas de “inadmisibles, vergonzosas y reprochables“ por el tribunal que lo condenó, sean “desterradas para siempre del Cuerpo de Bomberos”.
Guiselly Mora es editora de Opinión de La Nación.
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