El abuso sexual que sufrió una paramédica del Cuerpo de Bomberos en la antigua Estación Central, en agosto del 2018, y que derivó en una reciente condena de tres años de cárcel contra el responsable, reveló un ambiente de agresiones sexuales dentro de la institución.
Después de conocerse este caso, más víctimas quisieron contar lo que les ocurrió a ellas en Bomberos.
Mónica Araya, expresidenta del Instituto Nacional de Seguros, sostiene que además del relato de Ana –nombre ficticio para proteger su identidad– también fue posible oír las historias de otras afectadas que no se atrevieron a denunciar por temor a represalias.
Cuando Araya era jerarca del INS, un periodista le contó sobre el abuso y acoso que estaba viviendo la paramédica. Poco después, Araya logró contactar a Ana, quien, aunque no confiaba en recibir ayuda del sindicato ni de la administración, aceptó reunirse con ella.
“El foco de denuncias de abusos sexuales está en Bomberos”, aseguró Araya, quien estuvo al mando del INS entre abril del 2022 y mayo del 2024. Subrayó que estos casos llegaron a su conocimiento cuando apenas comenzaba su gestión en la entidad.
Las denuncias no solo incluían incidentes de índole sexual, sino también laboral, sindical e incluso mal manejo de fondos.
El único caso que llegó a los tribunales fue el de Ana. En setiembre del 2023, un bombero de apellido Murillo fue condenado por abuso sexual y la pena quedó en firme en junio pasado.
Aunque no le correspondía directamente abordar estas denuncias, Araya y su equipo establecieron un canal para recibirlas. Este mecanismo, implementado en marzo del 2023, permitía clasificar las denuncias y darles el seguimiento adecuado para determinar si ameritaban una investigación o no.
“Era abrumadora la cantidad de casos que recibíamos. Pero me imagino que fue porque las acciones que estábamos tomando en Bomberos comenzaron a generar confianza”, afirmó Araya.
A pesar de que ya existía una política para abordar temas éticos y casos de posible acoso sexual, esta no cumplía con los nuevos requerimientos legales. Por ello, se creó una nueva política que incorporaba todas las disposiciones de la ley.
El creciente número de casos en Bomberos generó preocupación en Araya. Sin embargo, los asuntos laborales se gestionan internamente en Bomberos ya que, aunque esta institución recibe subsidios del INS, tiene su propia administración y jerarquía.
Siete historias
“Tuve una reunión con aproximadamente siete mujeres que sufrieron abusos y acosos, pero si no presentaban denuncias formales, no había manera de darles seguimiento. Las mujeres que han sido abusadas, donde hay abuso de poder, normalmente temen por su puesto”, afirmó Araya.
Un ejemplo claro de lo anterior es el caso de Ana. Tras seis años interina en Bomberos, no fue recontratada luego de presentar la denuncia contra su compañero.
La víctima asegura que incluso recibió amenazas de sus jefes y compañeros para que no denunciara, lo que, según Araya, fomenta una cultura de temor. “¿Quién va a denunciar así?”, se preguntó.
“Yo lloraba cuando me llegaban los casos, porque no se vale. Hubo una muchacha a la que tuvimos que trasladar de puesto, y también testigos a los que les brindaron protección”, relató la exjerarca del INS.
Víctima de acoso laboral debió ser protegida
Araya recordó el caso de una persona vinculada a un proceso penal que era víctima de un acoso laboral tan intenso que debió ser protegida por orden de la Fiscalía y el Ministerio de Trabajo.
“Muchas personas terminan renunciando y yéndose porque prefieren no denunciar”, aseveró la exjerarca. Después de que denuncian, otras son despedidas bajo el pretexto de que no aprueban exámenes físicos.
Araya enfatizó en que cuando una mujer persiste hasta el final en una causa es responsabilidad tanto del INS como de Bomberos, asegurarse de que las situaciones denunciadas cambien y no se repitan. Según ella, esto no solo se les debe a las víctimas, sino también a los demás funcionarios, quienes necesitan estabilidad y confianza en su lugar de trabajo.
“Ellos están dando la vida por nosotros, necesitan estabilidad, más aún cuando viven y pasan semanas juntos en las estaciones. Es una estabilidad emocional, física e incluso espiritual para un funcionario que está dando su vida por los costarricenses constantemente”, afirmó Araya.
En relación con la sentencia condenatoria contra el bombero de apellido Murillo, Araya destacó la gravedad del caso, especialmente en una institución como Bomberos.
“Creo que, si todo lo que dice la Corte es así, es importante que el Consejo de Bomberos y la casa matriz del INS tomen medidas para que esto cambie, especialmente en una organización tan importante a nivel nacional, donde lo que debemos generar a los funcionarios que dan sus vidas por nosotros es confianza, no temor”, afirmó.
Este medio consultó al Cuerpo de Bomberos y al INS sobre las acciones implementadas tras la sentencia condenatoria y las razones específicas por las cuales Ana no fue nombrada nuevamente después de presentar su denuncia. Sin embargo, al cierre de esta edición, no se obtuvo respuesta por parte de las entidades consultadas.
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