En los primeros seis meses de 2024, 13.659 mujeres acudieron a diversas fiscalías del país para denunciar que fueron víctimas de violencia.
Esta cifra es ligeramente mayor en comparación con años anteriores. Por ejemplo, a junio de 2023 se registraron 12.504 denuncias bajo la Ley de Penalización de Violencia contra la Mujer (LPVCM). En el mismo periodo de 2022, se contabilizaron 12.460 casos.
En entrevista con La Nación, profesionales en criminología señalaron que este leve aumento no refleja necesariamente un incremento en la violencia contra las mujeres, sino que más bien se debe al mayor empoderamiento y conocimiento que ellas tienen actualmente para denunciar a sus agresores. “Es una criminalidad que existe desde hace siglos”, explicaron.
Según el Observatorio de Violencia de Género contra las Mujeres y Acceso a la Justicia, del Poder Judicial, entre 2018 y 2022 se recibieron un total de 104.279 denuncias de violencia contra la mujer. La mayoría se concentró en San José (23%) y Alajuela (22%).
Kerem Brenes, criminóloga con experiencia en temas de género, explicó que la alta incidencia en San José y Alajuela está relacionada con la gran cantidad de población y la actividad económica de estas zonas. Sin embargo, también señaló otra razón preocupante.
“Un factor que influye en la cantidad de denuncias es el acceso a la justicia que tienen las mujeres en comparación con áreas rurales, donde las víctimas deben desplazarse varios kilómetros hasta un departamento de justicia”, afirmó Brenes.
Graciela Cascante, otra profesional en criminología, también mencionó esta limitante en zonas rurales. Como muestra, durante el mismo periodo (2018-2022), en Guanacaste solo se registró el 13% del total de denuncias y en Puntarenas, apenas un 6%. En provincias como Heredia y Cartago, el porcentaje fue del 8%, mientras que en la zona sur fue del 11% y en la zona atlántica, del 9%.
“San José y Alajuela, al ser provincias más urbanizadas y desarrolladas, cuentan con más instituciones a las que las víctimas pueden acudir para presentar sus denuncias. En cambio, las zonas rurales enfrentan acceso limitado”, subrayó Cascante.
De acuerdo con el Observatorio, los tipos de violencia más denunciados durante el quinquenio en el que se tienen datos completos fueron: maltrato (40% del total, con 41.637 casos), incumplimiento de medidas de protección (28%, con 29.200 casos), ofensas a la dignidad (18%, con 18.651 casos), amenazas (9%, con 10.262 casos) y daño patrimonial (1%, con 4.529 casos). Este último delito, en el marco de la LPVCM, incluye la destrucción, inutilización, desaparición o daño de propiedades, bienes o posesiones de la mujer.
“Existe poco conocimiento sobre el delito de daño patrimonial, donde el control de bienes y la privación económica no son tan visibles como la violencia física o psicológica, principalmente porque no es socialmente reconocido”, indicó Cascante.
La criminóloga también destacó que en la sociedad actual está normalizado que el hombre controle la economía familiar, lo que hace que este tipo de dominio financiero no se perciba como una forma de violencia.
Ambas profesionales coincidieron en que el número de denuncias no refleja el total real de casos, ya que muchas víctimas no acuden a las autoridades.
“Algunas víctimas temen las represalias de su agresor, especialmente en casos de violencia psicológica y física, más aún si dependen económicamente del agresor. Además, muchas veces no cuentan con apoyo emocional, social o financiero para alejarse de su situación”, explicó Cascante.
Asimismo, añadió que existe desconfianza en el sistema judicial, ya que algunas mujeres consideran que no recibirán protección adecuada o una respuesta rápida a sus denuncias.
Cifra de absoluciones por violencia doméstica
Datos oficiales revelan que, entre 2018 y 2022, de las 7.768 sentencias dictadas, el 44% (3.417) fueron absolutorias. Este porcentaje desalienta a las víctimas que desean denunciar a sus agresores. Cascante y Brenes atribuyen este alto número de absoluciones a la falta de pruebas físicas.
“En muchos casos, no se logra evidenciar correctamente el tipo de violencia sufrida, lo que permite que el acusado no se declare culpable y sea absuelto”, explicó Brenes.
Cascante también mencionó que la cultura machista influye en este fenómeno, ya que la violencia contra las mujeres a menudo se minimiza, incluso en el sistema judicial.
“Fiscales o jueces pueden dudar del testimonio de la víctima o normalizarlo, especialmente si provienen de zonas donde la violencia está normalizada”, afirmó.
Por ello, Cascante hizo hincapié en la necesidad de capacitar a los funcionarios del sistema judicial en temas de violencia contra las mujeres, para sensibilizarlos y que comprendan la gravedad de los casos.
“Es crucial mejorar las medidas de protección, crear refugios y proporcionar recursos a las mujeres en situaciones de violencia. Además, es necesario educar a la sociedad sobre la violencia de género”, comentó.
Brenes también destacó la importancia de contar con personal especializado en el sistema judicial, con vocación para garantizar que se cumpla la ley, y con pruebas sólidas que respalden las denuncias.
“Vivimos en una sociedad cada vez más agresiva, con mayor uso de armas y drogas. Esto, junto con la pérdida de valores, también es un factor que contribuye al aumento de denuncias por violencia contra mujeres”, concluyó Brenes.
¿Qué debe hacer si sufre de violencia?
En caso de sufrir violencia, lo más urgente es buscar ayuda. Puede acudir a la delegación policial más cercana o presentar una denuncia en la fiscalía, el juzgado o el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de su zona. En caso de emergencia, llame al 911.
El Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu) ofrece orientación, acompañamiento, apoyo legal y psicológico a mujeres víctimas de violencia. Puede contactarlos al 2527-8400.
Además, en localidades como Siquirres (Limón), La Unión (Cartago), San Joaquín de Flores (Heredia) y Pavas (San José), se encuentra la Plataforma Integrada de Servicios de Atención a la Víctima (PISAV) del Poder Judicial. Ahí se agrupan servicios como Juzgado de Pensiones Alimentarias y Violencia Doméstica, Fiscalía, Defensa Pública, Trabajo Social, Psicología y Medicina Legal, para brindar atención integral y evitar que la víctima tenga que desplazarse a diferentes lugares.
Puede revisar las locaciones exactas en este enlace.
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