Cartas

Violencia machista en centros educativos

En ‘Cartas a la columna’, lea una denuncia sobre la misoginia y la complicidad en los centros educativos, los contratos que la JPS otorga a una empresa, un cuestionamiento a la idoneidad de la nueva presidenta del BCR y sugerencias para combatir la delincuencia desde varios frentes.

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En los lugares de trabajo y de estudio, ciertos hombres se dan a conocer por gritar y maltratar emocionalmente a las mujeres y las niñas. Su conducta misógina es conocida en la comunidad educativa. Actúan debido a que no se toman medidas inmediatas para detenerlos. Parece que se les protege, y entonces las víctimas quedan en un estado de absoluta indefensión. Es un secreto a voces, todo el mundo lo sabe, pero nadie denuncia por temor a represalias. Lo más duro es saber que no hay a quien recurrir por ayuda, las mujeres y las niñas están atrapadas sin vía de escape. Tampoco se cuenta con la protección ni la solidaridad de quienes las rodean. Sufren en silencio y callan por temor. Las mujeres y las niñas merecen un entorno seguro donde trabajar y estudiar sin temor a ser acosadas o maltratadas, pero a veces hay indiferencia, complicidad o sanciones mínimas. Los empleadores deben cumplir con la ley para castigar estas conductas violentas.

María del Rocío Castillo Ramírez, docente

No es la primera vez que la Junta de Protección Social (JPS) es centro de atención en razón de opacos contratos y negociaciones con empresas externas por millones de colones. Esta vez, sale a la luz el contrato para “apoyo tecnológico” de la empresa One Way Technologies, que incluso ha sido señalada por su ineficiencia en el cumplimiento de plazos de entrega, y que en poco tiempo ha acumulado ¢3.742 millones en órdenes de servicios.

Urge un control más estricto sobre el uso del dinero en la institución, creada para apoyar el bien social y la protección de los desvalidos.

Yamileth Chaverri Salazar, San Pablo de Heredia

Me sorprende el nombramiento de Mahity Flores como presidenta en la Junta Directiva del BCR después de haberse desempeñado en un alto puesto ejecutivo en el BCR SAFI, cuya administración del fondo inmobiliario fue denunciada a la Sugeval y la Fiscalía por una serie de irregularidades.

Para ocupar una presidencia, la idoneidad es fundamental para la seguridad de los inversionistas en uno de los bancos emblemáticos. No quiero que suceda en el BCR lo mismo que en el fondo. Necesitamos la máxima seguridad y transparencia en nuestras inversiones.

German Alfaro Murillo, Nicoya

Cuando mejoren las finanzas públicas o sea posible liberar recursos, debe darse prioridad a la educación y la capacitación para incorporar a más personas a la fuerza de trabajo, mejorar los programas sociales y dotar de vivienda digna a la población de escasos recursos, lo que nos encaminará a bajar la delincuencia.

Si hay personas que insisten en delinquir, deben construirse cárceles, pero no al estilo Bukele, sino garantizando el debido proceso y los derechos constitucionales.

Como construir más cárceles requiere un mayor gasto público, o se asignan mejor los limitados recursos o se debe pensar en buscar nuevas fuentes de ingresos. Es preferible pagar más impuestos orientados a la seguridad que estar invirtiendo en nuestros hogares en verjas, alambradas, cámaras de seguridad, seguros contra robos y guardas individuales o comunitarios.

José Luis León Barquero, Tibás

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En ‘Cartas a la columna’, lea una denuncia sobre la misoginia y la complicidad en los centros educativos, los contratos que la JPS otorga a una empresa, un cuestionamiento a la idoneidad de la nueva presidenta del BCR y sugerencias para combatir la delincuencia desde varios frentes. (cartas a la columna)

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