La meta de la ministra de Vivienda, Irene Campos, es ambiciosa, sobre todo al considerar la crisis fiscal que encara este gobierno.

Su plan, dice la jerarca, en entregar al cabo de cuatro años de gestión un techo a 44.648 familias en pobreza o pobreza extrema.

Esas son las soluciones de vivienda contempladas en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2020, dirigidas a las personas de más escasos recursos (estratos uno y dos), que viven en lugares de alto riesgo y están en extrema necesidad. También incluye población indígena, personas con discapacidad y los habitantes de asentamientos informales (precarios) y viviendas no adecuadas (tugurios).

De ese número, la Ministra calcula que 1.000 son familias en asentamientos informales o que viven en condiciones de riesgo y vulnerabilidad. Estas serán prioridad. Esta es la tarea que se ha fijado en estos primeros tres meses de gestión frente al Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (Mivah).

La meta parece todavía más ambiciosa si se compara con los resultados de sus antecesores. Entre 2015-2018, las instituciones dedicadas a vivienda atendieron a 5.106 familias que formaban parte de una meta inicial de 7.176, en extrema necesidad; y se reubicaron a 3.856 familias que estaban en situaciones de desalojo o en casas con declaraciones de inhabitabilidad. La meta inicial en este último caso era más baja, apenas 1.200 viviendas.

Además, respondieron a 188 de 1.200 familias que requerían ayuda por “emergencias aleatorias”.

Las dificultades que implica el otorgamiento de viviendas, la reubicación de asentamientos, la identificación de beneficiarios y de desarrolladores no son asuntos deconocidos para Campos, pues ella ocupó este cargo por dos años durante la administración de Laura Chinchilla Miranda (2010-2014).

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"(Se trabajará en) asentamientos en los que hay que empezar a hacer los traslados, si es que correspondiera, o en los que puede ser que mediante alguna obra física, se elimine la vulnerabilidad en el sitio, y a partir de ahí se puedan recuperar áreas de suelo para poder atender a las familias sin que tengan que moverse”, indicó Campos.

Para hacerlo, dijo, entre mayo y agosto, se ha dedicado a revisar la Política Nacional de Vivienda, la Política de Ordenamiento Territorial y la de Desarrollo Urbano.

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Su plan es abordar el problema con una combinación de proyectos grandes y pequeños, según las necesidades y las características de la población que deban atender.

“Por ejemplo, cuando se habla de asentamientos informales en sitio, estamos hablando de grandes proyectos, porque ahí viven 100 o 150 familias y tengo que hacer, eventualmente, en ese sitio proyectos para las familias que viven ahí densificadas”, comentó.

Campos planea también impulsar proyectos de pequeños edificios de tres pisos, en las zonas de la Gran Área Metropolitana (GAM), donde no haya mucho espacio.

Precisamente este jueves la Defensoría de los Habitantes dio a conocer un análisis que hizo sobre el Sistema Financiero Nacional para la Vivienda (SFNV). El mismo señaló varias deficiencias, entre ellas, la ausencia de un registro real y actualizado sobre la necesidad de viviendas para familias en pobreza extrema, y falta de información precisa sobre el número exacto de precarios a nivel urbano y rural.

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Además, que debe ser el Mivah, como rector del sector vivienda, el que identifique familias de extrema pobreza que requieran de una casa, así como las zonas para desarrollar los proyectos; y no como sucede ahora, que son sujetos privados los que en un inicio captan a los posibles elegidos. O bien, son las personas quienes ubican a los desarrolladores.

Esta investigación recalca que a pesar de que la propia Defensoría y la Contraloría General de la República desde el 2013, han ordenado al Banhvi una mayor fiscalización de los proyectos de vivienda, en las entrevistas realizadas a las familias se observaron deficiencias en infraestructura de las casas y de las calles.

Precarios

Una de las grandes deudas de los gobiernos ha sido una política de erradicación de precarios.

Según Campos, en esta materia trabaja en convenios con municipalidades para que hagan el inventario en sus cantones, sobre las familias en vulnerabilidad. Estos convenios aún no se han conformado, pero se enviaron a unos ayuntamientos para su revisión, entre ellos, Curridabat, Dota, Desamparados, Turrialba, Alaluela, Grecia, Guatuso, Limón, Sarapiquí, Matina, Talamanca y Tilarán.

“Vamos a tener una política de mediano y largo plazo con las municipalidades, para decir que en un periodo de hasta 10 años vamos a eliminar precarios y familias en zonas de riesgo. No les puedo ofrecer a los ayuntamientos que se los quito en cuatro años, porque tengo que atender a todo el país y los fondos son limitados, pero vamos a ser sistemáticos y ordenados”, afirmó.

En el país están identificados 400 precarios, que representan poco más de 18.000 familias según estadísticas de la Fundación Promotora de Vivienda.

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De acuerdo con la organización, la cifra no ha aumentado en años, pero tampoco disminuye por la falta de políticas para eliminarlos.

Lo que requieren de los gobiernos locales es que les den un inventario de los asentamientos informales, de las familias que están en zonas de riesgo o de vulnerabilidad física y social, y con base en esto, diseñar un programa de atención de mediano y largo plazo, para atender en primera instancia a las que están en más riesgo.

También, según Campos, necesitan el compromiso de las municipalidades de que no permitirán el establecimiento de más asentamientos informales.

Clase media

Otro tema al que la ministra dice que dará prioridad es al de vivienda para la clase media y media baja.

Su intención, como en las últimas administraciones, es buscar instrumentos financieros novedosos. Este es un tema pendiente para ella, pues en 2010, cuando llegó al Ministerio por primera vez, aseguró que un reto era garantizar casa para todos los estratos sociales.

“Hemos estado viendo las opciones de mercado, qué es lo que existe en el Sistema Financiero para la Vivienda, cuáles son los tipos de créditos que existen, cuáles son las restricciones para la clase media”, explicó Campos.

Entre las opciones que manejan está el de impulsar las cooperativas de vivienda.

“Hay opciones también de leasing habitacional, sistema de ahorro-bono-crédito, analizamos la opción de mejorar también los montos que se le dan en este momento a las familias de clase media, para que tengan una cifra mayor y de esa forma facilitarles su crédito”, detalló la jerarca.

La simplificación de trámites es otro tema en el que coordina con el Colegio de Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica (CFIA). Específicamente, en el desarrollo de una plataforma que permitirá realizar trámites previos a la construcción de una forma más ágil.

“Ya ellos (el CFIA) habían venido trabajando y tenían identificado el número de trámites que se requieren antes de que se diseñen los planos. A partir de eso se generó un prototipo digital en estos 100 días, para tramitar los permisos previos, por ejemplo, el de uso de suelo”, detalló Campos. Esperan que esté disponible a partir de enero del próximo año.