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El Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU) detectó 67 casos en los que se entregaron, de manera irregular, casas de interés social a familias que no cumplían los requisitos como beneficiarios.
Los expedientes analizados corresponden a la urbanización Villa Paola, en Guararí de Heredia, y fueron aprobados en el 2009, según informó la presidenta ejecutiva del Instituto, Sonia Montero.
“No hay sospechas. Hay absoluta seguridad de que de 250 familias que ya habían sido calificadas en el 2009 fueron extraídos 67 expedientes para meter a otros”, dijo a La Nación la jerarca de la entidad.
De acuerdo con Montero, estos hechos ya están en conocimiento del Ministerio Público, que abrió una investigación.
“¿Por qué tienen que ser revisados ? Porque no tenían por qué cambiarse”, agregó Montero.
Entre los expedientes figura el de Luis Froilán Salazar Ramírez, quien recibió una vivienda a pesar de que tiene a su nombre un crédito hipotecario por ¢29 millones.
Como parte del caso, son indagadas las actuaciones de dos exfuncionarios. Se trata de la ex directora del Área de Interés Social, Amarylis Aguilar, y de Arturo Argüello, exjefe de Ejecución de Proyectos.
El pasado 27 de agosto, la Fiscalía allanó las oficinas centrales del INVU y del Banhvi, para buscar documentos que ayuden en la investigación judicial.
La Ley del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda establece que son candidatas a un bono completo las familias cuyos ingresos no superen los dos salarios mínimos de un obrero no especializado (¢556.414). También se verifica que la familia beneficiaria no posea bienes inmuebles a su nombre.
El proyecto en Guararí de Heredia fue financiado por el Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi) y ejecutado por el INVU.
Filtraciones. Rosendo Pujol, ministro de Vivienda, lamentó que existan familias que reciban casas construidas por el Estado sin realmente merecerlas.
El jerarca añadió que trabajan en calcular cuántos casos de ese tipo se filtran en los programas de vivienda que ofrece el país.
“Estamos haciendo todos los esfuerzos legales para que las listas de beneficiarios se depuren (...). El problema de las filtraciones tiene muy poco que ver con el Gobierno anterior; es un problema que arrastra el Sistema Financiero Nacional de la Vivienda casi desde su creación”, afirmó Pujol.
“No tenemos un porcentaje (de filtraciones) definido. Lo que tratamos de hacer es minimizar cualquier tipo de filtración; cada caso es valorado por un trabajador social”, aseguró Juan de Dios Rojas, gerente general del Banhvi
