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Miembros de la Fiscalía y agentes de la Policía Judicial allanaron esta mañana las oficinas centrales del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU), en barrio Amón, San José, así como la sede del Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi) en Montes de Oca, como parte de una investigación por posible tráfico de influencias.
De acuerdo con un comunicado de prensa de la Fiscalía, el objetivo es "recolectar pruebas" en un caso denunciado meses atrás por cuatro vecinos de Guararí, en Heredia, según los cuales ellos iban a ser beneficiados con proyectos de bien social, pero supuestamente fueron excluidos porque funcionarios del INVU incluyeron a familiares o allegados.
Según el documento del Ministerio Público, los casos en investigación se relacionan con los proyectos Villa Paola y Radial 2, financiados por el Banhvi.
"De momento, dentro de la investigación, no existen personas imputadas. Los delitos investigados son tráfico de influencias e incumplimiento de deberes, aunque no se descarta que en el desarrollo de la investigación aumenten los tipos penales (delitos)", añadió la Fiscalía. .
Sonia Montero, presidenta ejecutiva del INVU, confirmó que se trata de los proyectos de interés social ubicados en Guararí de Heredia. Aquí se investiga el supuesto favorecimiento a personas allegadas a empleados de la institución y que los terrenos otorgados tienen dimensiones superiores a las que se conceden en un bono de vivienda. Cada finca otorgada era de 190 metros cuadrados y no 130 metros cuadrados como estipula la ley.
La jerarca agregó que hay dos personas relacionadas con el caso, pero ya no trabajan en la institución. Por ahora, sí indagan si otros involucrados aún laboran en el INVU.
Durante el allanamiento se llevaron computadoras y documentación impresa y las autoridades desconocen si mañana podrán abrir la sede central del Instituto, en San José.
La diligencia ocurre una semana después de que la La Contraloría General de la República diera a conocer un informe según el cual el INVU permitió la colocación de planes del sistema de ahorro y préstamo para vivienda en empresas, amparados en decretos o reglamentos, pero contrarios a la ley. Asimismo, denunció posibles manejos anómalos de planes para vivienda por parte de agentes del Instituto, sus familias y empresas, creando redes que acumularon hasta 5.000 contratos.
Tras estas revelaciones, la propia presidenta ejecutiva del INVU, Sonia Montero, trasladó el informe al Ministerio Público para que ellos determinaran si ameritaba una investigación judicial. Por este caso, aún no hay una investigación abierta.
