Ausencia de un registro real y actualizado sobre la necesidad de viviendas para familias en pobreza extrema, y falta de información precisa sobre el número de precarios a nivel urbano y rural, son algunas de las deficiencias del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda (SFNV), según un análisis de Defensoría de los Habitantes.

El estudio revisó información entre los años 2012 y 2017, tomó en cuenta 40 proyectos (de 101 que se ejecutaron para 6.607 familias) e hizo entrevistas a 498 personas beneficiadas. Además evaluó la situación en las seis regiones del país: Central, Pacífico Central, Chorotega, Brunca, Huetar Norte y Huetar Caribe-Atlántica.

Su objetivo, según la Defensoría, era determinar la efectividad para combatir la pobreza del Sistema Financiero, integrado por el Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (Mivah), el Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi) y las entidades autorizadas, que son las encargadas de tramitar, calificar y aprobar o rechazar, técnicamente, las solicitudes de postulación al beneficio del bono familiar.

De los problemas hallados, sin embargo, Vivienda se defiende y alega que las correciones ya se realizaron o están en implementación.

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Señala la Defensoría que debe ser el Mivah, como rector del sector vivienda, el que identifique familias de extrema pobreza que requieran de una casa, así como las zonas para desarrollar los proyectos; y no como sucede ahora, que son sujetos privados los que en un inicio, captan a los posibles elegidos. O bien, son las personas quienes ubican a los desarrolladores.

Esta investigación recalca que a pesar de que la propia Defensoría y la Contraloría General de la República desde el 2013, han ordenado al Banhvi una mayor fiscalización de los proyectos de vivienda, en las entrevistas realizadas a las familias se observaron deficiencias en infraestructura de las casas y de las calles.

Los beneficiarios señalaron, por ejemplo, problemas de malos olores por desperfectos en los tanques sépticos, fallas en el sistema eléctrico y filtraciones de agua, entre otros.

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A pesar de estos hechos, a la fecha no se conoce de ningún proceso abierto en contra de algún desarrollador, a pesar de que la ley prevé sanciones para las entidades autorizadas y a los desarrolladores, cuando comenten un error o irregularidad en la tramitación de bonos, escogencia de beneficiarios, escogencia de terrenos, problemas constructivos severos en las viviendas, dilación injustificada en inicio de construcción o entrega de viviendas.

También se evidenció, a través de las entrevistas realizadas, que había casas abandonadas, alquiladas, prestadas o mejoradas en el corto plazo a partir de su entrega, lo que supone una inadecuada escogencia de las familias beneficiadas, pues demuestra que el beneficio no siempre llega a las personas de extrema pobreza.

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Los posibles beneficiarios, además, son afectados con las omisiones de información cuando tratan de conocer sobre los avances en el trámite iniciado, lo que los deja en un estado de indefensión.

Entre las recomendaciones de la Defensoría está el fortalecer el SFNV con un rol protagónico de las instituciones competentes, lo que se puede lograr a través de cambios en el modelo de gestión para que los beneficios sean accesibles para la población en condición de pobreza.

También sugiere que se analice la situación particular de grupos vulnerables, como el de las personas adultas mayores, de tal forma que se reforme el Reglamento para la Tramitación de Bonos Familiares de Vivienda a Personas Adultas Mayores Solas, y se permita la permanencia de una persona acompañante del beneficiario directo del bono.

Mivah se defiende

El Ministerio se defendió de las críticas al argumentar, en primer lugar, que desde el 2016 cuenta con la Directriz N°54-MP-MIVAH el cual establece los proyectos que se atenderán de forma prioritaria.

También alegó que trabajan en actualizar los inventarios de asentamientos informales existentes, en los cantones prioritarios de atención, que funciona como un insumo para ubicar en forma espacial la mayor necesidad de vivienda.

Acerca de la falta de información precisa de la cantidad de precarios, asegura que ha hecho un “trabajo diagnóstico real y riguroso”, y que en este momento “se está desarrollando una estrategia para atender asentamientos informales, con un enfoque territorial y articulación intersectorial.”

Sobre las casas alquiladas o abandonadas, que encontró el informe y que se atribuye a una mala selección de las familias, el Mivah indica que “todas las familias son catalogadas como de extrema necesidad. La afirmación de la Defensoría, que la razón por la cual las familias que abandonan o alquilan sus viviendas es exclusivamente por una mala selección; no es confirmada por el estudio que hace dicha institución; esa es una suposición del informe”.

El Ministerio alegó que desde hace más de 10 años realiza un trabajo de fiscalización con el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica (CFIA) para llevar a cabo auditorías de calidad. La Defensoría alegó que en las entrevistas realizadas a las familias de proyectos de vivienda de interés social se observaron deficiencias en infraestructura de las viviendas y de las calles; además hay quejas de los beneficiarios.

Finalmente, según el Mivah, sí se han instaurado procesos sancionatorios a dos entidades autorizadas y a un desarrollador que han comentido un error o irregularidad en la tramitación de bonos.