La Contraloría General de la República (CGR) llamó la atención al Banhvi por dedicar fondos provenientes del llamado impuesto a las casas de lujo para realizar mejoras en las comunidades, en vez de construir viviendas para pobres.
El Impuesto Solidario para el Fortalecimiento de Programas de Vivienda, conocido como “Impuesto a las casas de lujo”, está vigente desde el 2009 y recae sobre el valor de los bienes inmuebles de uso habitacional con valores por encima de los ¢126 millones.
La idea fundamental del tributo es financiar vivienda digna para la población en pobreza extrema del país.
No obstante, la CGR, en su oficio DFOE-EC-0862 del 14 de diciembre de 2017, detectó que ¢3.854 millones de ese impuesto se destinaron a bonos colectivos; que lo que pretenden es dotar de aceras, senderos peatonales o parques a las comunidades.
Este bono se da mediante un concurso entre las propuestas que hagan las comunidades y con la potestad del ministro de Vivienda y Asentamientos Humanos, Rosendo Pujol.
“El Banhvi, amparado en el decreto DE-335515-H, ha utilizado parte de los recursos recaudados por medio de la Ley 8683 a programas de bono colectivo, modificando de esta manera lo originalmente establecido por la norma”, precisa el documento.
Si esos ¢3.854 millones se hubiesen invertido en viviendas, habría alcanzado para construir 592 de ellas, pues el bono máximo es de ¢6,5 millones por propiedad.
La Contraloría, por la tanto, le ordenó abstenerse de gastar dinero proveniente de ese impuesto en esas actividades que, si bien pueden también beneficiar a familias en pobreza, no les soluciona la necesidad de una hogar digno.
El informe de la Contraloría lo dio a conocer el diputado de Alianza Demócrata Cristiana (ADC), Mario Redondo, para quien se perdió oportunidad de ayudar a personas en escasos recursos.
