Los proyectos de infraestructura vial solo avanzan en promedio 85 días al año, debido a las constantes prórrogas en los plazos que reciben los contratistas así como paralizaciones de las obras por faltantes de expropiaciones, reubicación de servicios u diferencias con las empresas a cargo.
Esos atrasos, se traducen en sobrecostos que en algunos casos superan el 200% y extensiones de cerca del 40% en los plazos.
Así se desprende del más reciente Estudio del estado de la preingeniería de proyectos clave de infraestructura 2025, elaborado por la Cámara Costarricense de la Construcción, que analizó la condición de todas las obras viales que están en ejecución o que se han entregado en los últimos años.
De acuerdo con ese informe, cada año las obras públicas reciben ampliaciones de plazo por un promedio de 280 días, de ahí que se calcula que el avance real equivale a unos 3 meses por año de trabajo efectivo.
El informe concluye, que los proyectos que enfrentan mayores problemas, son aquellos que no completaron la totalidad de las fases de preingenería entre las que se incluyen la elaboración de anteproyectos, búsqueda de financiamiento, diseños, adquisición de terrenos, permisos, corta de árboles entre otros.
Según el listado, el proyecto actualmente en ejecución que arrastra la mayor cantidad de días adicionales, es la ampliación de la ruta 32, que solo en el último año recibió prórrogas equivalentes a 214 días y suma un total de 1.940 días de atraso, pues originalmente debía entregarse en setiembre del 2020 y ahora se estima que estará habilitada a finales de este año.
El segundo lugar corresponde a la ampliación del tramo Barranca-Limonal, que debido a que está suspendido desde el 2022, suma un total de 1.752 días de atrasos, que equivalen a casi cinco años.
Esa obra que recibió orden de inicio en agosto del 2020, debía entregarse en febrero del 2023, no obstante bajo el nuevo proceso de adjudicación sería puesta en servicio hasta en diciembre del 2027.
En el documento también figura el intercambio de Hatillo 6, cuya primer orden de inicio se había dado en setiembre del 2020, no obstante los trabajos en sitio arrancaron el año anterior y se estima que finalizarían en febrero del próximo año, tras acumular un total de 1.186 días de atraso.
Además se enlistan otros proyectos como los intercambios de Taras-La Lima con 944 días y la quinta etapa de la Circunvalación norte, que se completó tras sumar 844 días de demoras.
El director de la Cámara de la Construcción, Randall Murillo, alertó que estos días adicionales evidencian que el Estado no está cumpliendo con lo que le corresponde.
“Cuando el Estado te da días adicionales es porque hay una evidente falta del Estado. Porque si fuera al revés, está el mecanismo de multa por retraso (...) puede haber lluvias, que esos son los normales pero aquí estamos hablando de que además de las lluvias y lo que normalmente uno encuentra en una obra, estamos ante escenarios donde las expropiaciones y todo lo demás no está listo”, agregó.
El caso de Taras
El análisis realizado por la Cámara de la Construcción, citó el caso del proyecto de Taras-La Lima, como uno de los que representa actualmente mayores pérdidas en productividad para los usuarios de esa vía a la entrada de Cartago.
El atraso de 944 días que arrastra esa obra implica unos $55 millones en beneficios socioeconómicos que el país dejó de percibir, según datos citados en el mismo expediente del proyecto incluido en el Banco de Proyectos de Inversión Pública del Ministerio de Planificación, que estimó en los estudios de prefactibilidad que el proyecto representaría beneficios para el país de alrededor de $21 millones al año.
“Ese cálculo que se hace con los datos del Ministerio de Planificación, nos dio que a mayo no estamos prácticamente disfrutando el monto del contrato y todavía no se ha terminado (...) Esto es algo más que demuestra los atrasos por no planear la ingeniería a tiempo”, explicó Pablo Quirós, vicepresidente del Comité de Infraestructura de la Cámara de Construcción.
Estado actual
Los proyectos que estarían próximos a iniciar o quedarían para futuras administraciones, no enfrentan mejores escenarios.
Por ejemplo la ampliación del corredor entre San José y San Ramón, cuyo financiamiento llegó a la Asamblea Legislativa en setiembre anterior y se prevé que el próximo año inicie la fase de licitación, tiene cumplido un 25% de las etapas contempladas en la fase previa. A la fecha depende de gestiones claves como adquirir la totalidad de terrenos requeridos y contar con diseños y estudios.
En el caso del intercambio del Coyol, próximo a recibir orden de inicio, el avance en preingeniería a mayo de este año era de 45%, mientras que para las obras en las intersecciones de Grecia, Naranjo y San Ramón se contaba con un 64% de esos procesos completados.
El informe además revela que unidades ejecutoras como el Consejo Nacional de Concesiones (CNC) y el Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer) más bien retrocedieron en el avance que tenían los proyectos a su cargo, principalmente debido a cambios en los anteproyectos que ya se tenían avanzados y se decidió modificar e iniciar de cero.
En el caso del CNC se incluyen la ampliación de la ruta 27, y la ampliación de la vía entre San José y Cartago, en ambos casos el avance es nulo.
Mientras que el Incofer contemplaba entre los proyectos a su cargo el Tren Rápido de Pasajeros (TRP), cuyo plan se retomó luego de que había sido desestimado, el Tren Eléctrico de Carga del Caribe (Telca) y el proyecto de Tren de Carga del Pacífico, anunciado a inicios del Gobierno.
De esos tres proyectos solo el Telca registra algún avance (18%) en preingeniería, mientras que los dos restantes se calificaron con 0% de avance según la metodología de medición realizada para el estudio.
El director de la Cámara, insistió en la necesidad de que los gobiernos den continuidad a los planes de modo que los proyectos completen un grado de maduración antes de recibir orden de inicio y no “apurar” o adelantar etapas con fines políticos.
“Esa lógica hoy no existe. Hoy es: ‘¿Qué puedo hacer yo hoy en un periodo de cuatro años?’ Lo que no puedo hacer en cuatro años entonces lo abandono porque no va a poder inaugurar”, cuestionó Murillo.
El estudio además concluyó que entre mayo de 2024 y mayo de 2025 el avance en la preingeniería de la totalidad de proyectos fue de 8,9%, para un promedio de los últimos siete años de 7,04%. Eso significa, según los expertos que en Costa Rica se tarda más de 14 años en completar esa fase, cuando lo aceptable sería ejecutar las distintas tareas que contempla en un plazo de 6,5 años.