EscucharEl Tribunal Contencioso Administrativo ordenó a la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) suspender la sanción contra la empresa IBW Comunicaciones, que presta el servicio de Internet inalámbrico de la marca Japi.
La Superintendencia emitió el pasado 14 de agosto un dictamen, en el cual multa a Japi con ¢19 millones y le otorga un mes para suspender sus operaciones.
De acuerdo con el ente supervisor, el título habilitante concedido por el Estado a IBW no le permite ofrecer Internet móvil.
En el 2009, la firma obtuvo autorización del Poder Ejecutivo para explotar una porción del espectro radioeléctrico mediante una red pública para dar servicios de transmisión de datos, imágenes y voz.
Empezó sus operaciones en el 2011 y en la actualidad tiene conectados a unos 10.000 clientes.
Rápida acción. La medida cautelar “provisionalísima” fue emitida por la jueza Godelieve López, ante la solicitud de la empresa IBW.
La orden se dictó previo a recibir el criterio de la Sutel, según aduce la jueza, ante la gravedad de daños que podría ocasionarse si se aplicara la sanción.
El Tribunal le otorgó tres días a la Sutel para presentar sus alegatos sobre el caso.
Eduardo Castellón, vocero de prensa de la Sutel, dijo que el lunes fueron notificados sobre la suspensión de efectos de la resolución sobre el caso IBW. Según dijo, la Unidad Jurídica de la entidad trabaja en la respuesta que darán a esa medida cautelar.
“De igual forma, la Sutel será respetuosa del ordenamiento jurídico”, aseguró el funcionario.
Entre tanto, James Tracy, gerente de IBW, manifestó que lo importante de la resolución es poder garantizarles a los clientes que el servicio no se va a suspender.
“Nosotros sabemos que siempre hemos actuado correctamente, pero es importante que ellos estén tranquilos”, agregó.
La polémica con la operadora de Internet comenzó hace varios años, pero se agravó dos semanas atrás, cuando se filtró de la Sutel un informe confidencial sobre el caso.
Los hechos motivaron a la presidenta del Consejo de la Sutel, Maryleana Méndez, a presentar una denuncia ante el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) para que se investigue lo ocurrido.
