| Superintendencia investiga a IBW Comunicaciones, que opera marca Japi

Sutel señala a firma de Internet móvil por operar fuera de la ley

Indaga aparente uso ilegal de las frecuencias y venta irregular de servicios

Empresa dice ser víctima de un ‘fuego cruzado’ entre Poder Ejecutivo y la Sutel

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      IBW comercializa sus servicios de Internet bajo la marca Japi. Esta es la tienda de Avenida Escazú. | PABLO MONTIEL.
IBW comercializa sus servicios de Internet bajo la marca Japi. Esta es la tienda de Avenida Escazú. | PABLO MONTIEL. ampliar

La empresa IBW Comunicaciones está bajo la lupa de la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) debido al supuesto uso ilegal de frecuencias radioeléctricas y por prestar el servicio de Internet inalámbrico Japi sin la autorización respectiva.

Así se desprende del documento de apertura del proceso remitido a la compañía IBW Comunicaciones en noviembre pasado.

La empresa tiene asignados 100 MHz de espectro para dar servicios de Internet en una banda que, inicialmente, fue concesionada para un canal de televisión.

En criterio de la Sutel, como ese espectro se iba a utilizar para dar un servicio al público, debió otorgarse mediante un concurso público y no mediante una autorización del Poder Ejecutivo.

Consultada al respecto, Maryleana Méndez, presidenta del Consejo de la Sutel, dijo que el procedimiento se abrió para analizar el alcance del título habilitante otorgado por el Ejecutivo. “Es lo único que puedo decirle por ser una investigación en curso”.

Por su lado, la compañía asegura que funciona con una autorización del Gobierno y que es víctima de un “fuego cruzado” entre el Poder Ejecutivo y la Sutel.

La firma opera unas frecuencias que habían sido otorgadas en 1996 a otro empresario para televisión (canal 19), el cual operaría en el Valle Central por un plazo de cinco años.

En el 2008, las bandas fueron cedidas a la empresa Veintitrés Mil Cuatrocientos Cuatro, en la actualidad IBW.

Según la Sutel, en ese momento se cambiaron los términos de la concesión: se amplió para todo el país y el plazo de explotación se fijó en 15 años.

Además, el uso de las bandas pasó a ser para enlaces del servicio troncalizado en la transmisión de audio y video –en forma analógica o digital– entre sus radiobases de todo el país.

Decisión polémica. En noviembre de 2009, el Poder Ejecutivo, mediante el Viceministerio de Telecomunicaciones– adscrito entonces al Ministerio de Ambiente y Energía–, habilitó la concesión de IBW y sus frecuencias para operar una red pública y dar servicios de transmisión de datos, imágenes y voz.

También autorizó la provisión de enlaces punto a punto y multipunto en tecnología WiMax y el desarrollo de redes privadas corporativas. Tal decisión se tomó pese a que la Sutel recomendó al Gobierno no adecuar la concesión porque había cambios en el uso de las frecuencias, condiciones y plazos.

Asimismo, advirtió que había una alta concentración de espectro radioeléctrico en manos de IBW.

“Para el caso que nos ocupa, es claro que existe una alta concentración de espectro (100 MHZ) en un único operador, lo que unido al cambio injustificado de la zona de acción a ‘todo el país’ imposibilita la reutilización de frecuencias por delimitación geográfica, creándose un monopolio de facto para la prestación de servicios WiMax en esta banda”, indica el informe 1174-Sutel 2009.

Agrega que con una canalización en esa banda conforme al estándar WiMax, es posible incorporar hasta 20 operadores más con 5MHz cada uno ó 10 con 10 MHz. Esto se podría duplicar si se delimita por zona geográfica.

“Con lo anterior se aseguraría la optimización del uso del espectro y la promoción de la competencia conforme la legislación”, aseguró Sutel. La entidad recomendó recuperar las frecuencias y sacarlas a un concurso para su concesión, lo cual rechazó el Ejecutivo.

Batalla. Juan Manuel Campos, abogado de IBW en el caso, dijo que han vendido batallando por un inscripción en el Registro Nacional de Telecomunicaciones con base en una decisión del Ejecutivo. “En última instancia, la empresa entiende que, en caso de que el Estado quiera rescatar las frecuencias, tiene el derecho correspondiente; eso sí, otorgando el debido proceso”, advirtió.

De acuerdo con el abogado, eso implicaría, por parte del Estado, analizar las inversiones llevadas a cabo y ver las situaciones que hay de por medio.

La operadora asegura haber invertido $15 millones en el despliegue de la red, que permite brindar conectividad a Internet inalámbrica a 10.700 clientes, mayormente del Valle Central.

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Noticia La Nación: Sutel señala a firma de Internet móvil por operar fuera de la ley