La Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) sancionó a la empresa IBW Comunicaciones, proveedora del Internet móvil de la marca Japi, y le otorgó un mes para suspender sus operaciones.
La firma fue notificada el lunes y ayer presentó un recurso de reposición ante el Consejo de la Sutel. Asimismo, la compañía acudió a la Contraloría General de la República, a la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) y a la Procuraduría General de la República para que indaguen supuestas irregularidades en el proceso seguido en su contra por la Sutel.
La empresa IBW tiene unos 10.000 clientes de Internet móvil. | ARCHIVO.
La información la confirmó James Tracy, gerente general de la compañía, al tiempo que reiteró que son víctimas de una persecución de la Superintendencia.
IBW , que este mes cumple dos años en el mercado tico y cuenta con unos 10.000 clientes, anunció que tomará medidas legales para impedir el cierre de operaciones.
“Esto no va a pasar porque hay muchos mecanismos legales para impedirlo”, dijo Tracy, y agregó que llevaran el caso al Juzgado Contencioso-Administrativo.
Entre tanto, la Sutel informó, por medio de su vocero de prensa, Eduardo Castellón, de que no se referirá al caso en la prensa. “ Además, dejamos claro que somos respetuosos de las acciones que la empresa quiera tomar de acuerdo con la legislación vigente”, agregó.
La Superintendencia tampoco quiso hacer pública la resolución en la cual sanciona a IBW, aduciendo impedimentos legales por los plazos que deben transcurrir para que la orden quede en firme.
Filtración de informe. La polémica con la operadora de Internet inalámbrico se agravó la semana anterior cuando se filtró de la Sutel un informe confidencial sobre el caso.
Se trata de un criterio emitido por la Contraloría General y que la misma Superintendencia pidió darle carácter confidencial.
El oficio circuló en Internet, fuera de la Sutel y antes de que IBW fuera notificada sobre la sanción.
Los hechos motivaron a la presidenta del Consejo de la Sutel, Maryleana Méndez, a presentar una denuncia ante el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) para que se investiguen los hechos.
La Sutel no quiso pronunciarse.
Para Tracy, esto demuestra la intención de afectarlos. “Ellos (Sutel) pidieron un documento confidencial a la Contraloría y a nosotros no nos dieron acceso, pero sí lo circularon entre otras empresas. Eso es un delito penal”, aseguró.
