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El Tribunal Contencioso Administrativo ordenó suspender el concurso promovido por el Consejo Técnico de Aviación Civil (Cetac) para subastar 36 hangares o lotes para resguardar aviones privados en el Aeropuerto Tobías Bolaños.
La resolución responde a una medida cautelar provisionalísima, solicitada por el propietario de uno de los espacios, quien de acuerdo con el expediente ocupa el cargo de presidente la compañía Torre Laureles S.A. y secretario de la empresa BEE Management S.A.
De acuerdo con lo resuelto por el Tribunal, el demandante solicitó una medida cautelar provisionalísima de extrema urgencia, debido a que según indicó, la Administración acordó “de manera arbitraria” realizar un concurso para otorgar la parcela o el hangar No. 90 del Aeropuerto, únicamente, en relación con postulantes que se dediquen a la aviación comercial.
Según la acción, esa medida dejaría por fuera a las empresas demandantes, pese a que han ocupado ese terreno bajo un permiso precario durante más de 10 años para sus aeronaves. Por ello, solicitaron que se ordenara al Cetac suspender la apertura de ofertas de la licitación lanzada en febrero, prevista para este martes.
“Al respecto, este Juzgador estima que lo solicitado, en relación con los hechos expuestos, reviste de necesidad y extrema urgencia, ante el inminente desalojo y desocupación de la parte actora del inmueble que ocupa, así como la fecha de inicio de recepción de ofertas de la licitación supra referida, en la que no puede participar en igualdad de condiciones la parte accionante″, detalla la resolución del Tribunal.
En ese documento se agrega que esto justifica emitir la medida cautelar provisionalísima, con la que se ordenó a la Administración suspender la apertura de ofertas, al tiempo que se otorgó una audiencia a las partes para que se pronuncien sobre la solicitud de medida cautelar y ofrezcan la prueba que consideren conveniente.
Tras la resolución, el acto de apertura de ofertas que estaba programado para este martes, quedó suspendido, según consta en el mismo expediente de la contratación dentro del Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop).
Concurso polémico
De acuerdo con el concurso lanzado el pasado 17 de febrero, los dueños de aviones privados deberían pagar entre ¢265.000 y ¢3,4 millones mensuales, por lotes o hangares para hacerse con uno de los 36 disponibles.
La asignación de los espacios se haría mediante una modalidad de oferta y demanda, por lo que se otorgaría al que presente la mejor puja por el lote o infraestructura deseada.
El documento Aviación Civil, donde se explican los términos del proceso, indica que podrían participar de la subasta de espacios todos los operadores del servicio aéreo de transporte público comercial, para vuelos nacionales e internacionales, para vuelos regulares o no regulares para pasajeros que quieran optar por un “Certificado de Operador Aéreo” (“COA”) comercial o un “Certificado de Explotación” (“CE”), así como las compañías que se encuentren en proceso de certificación.
El pago por estos espacios sería mensual, y el plazo de la concesión será de 10 años. Los concesionarios además pueden realizar labores de acondicionamiento o remodelación del espacio asignado.
La decisión de sacar a subasta los espacios, se dio luego de que el expresidente Rodrigo Chaves, cuestionara que los hangares son utilizados por privados que “pagan alrededor de ¢40.000 al mes”.
