Seis vapeadores ocultos en el cielorraso o una alumna de 14 años que, con la autorización de su madre, utilizaba uno de estos dispositivos valorado en ¢130.000, son algunos de los hallazgos más sorprendentes que han realizado los orientadores en los centros educativos.
Estas conductas, además, pusieron en evidencia que los estudiantes emulan estructuras criminales para vender y usar vapeadores en los colegios, conductas que están prohibidas por la ley 10.066, advirtió el Colegio de Profesionales en Orientación.
Esta normativa nació en atención de los efectos perjudiciales de esta práctica en adolescentes y jóvenes, pues un estudio del Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud (Inciensa) halló en vapeadores más de 50 sustancias tóxicas, dañinas, irritantes e incluso cancerígenas.
Los Sistemas Electrónicos de Administración de Nicotina (SEAN), nombre técnico de los vapeadores que tienen esta sustancia, son perjudiciales para el funcionamiento del sistema respiratorio. El Ministerio de Salud informó de que pueden ocasionar infecciones respiratorias, lo que aumenta la incidencia de enfermedades que van desde el resfriado común, hasta neumonía y tuberculosis.
En lo que va del 2025, se han atendido 27.887 personas (de diferentes edades) por el uso de vapeadores. En el 2024, fueron 40.590, según la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
Estudiantes imitan estructuras criminales
Jose Miguel Chavarría, representante del Colegio de Profesionales en Orientación, comentó que pese a los riesgos los alumnos se organizan para llevar y distribuir los aparatos, para los cual tiene estructuras con roles definidos.
Chavarría explicó que hay jóvenes en el rol de “cabecillas”, que son los encargados de la coordinación con comerciantes externos y con los alumnos que realizan la distribución dentro del colegio.
A ellos se une un grupo que se encarga del cobro del producto y los que figuran como “campanas”, quienes alertan sobre la presencia de las autoridades colegiales.
“Los estudiantes que asumen el rol de campanas se encargan de llevar a cabo los patrullajes para saber si hay presencia de alguna autoridad del centro educativo. Utilizan lenguaje verbal y comunicación no verbal para alertar, lo hacen con la forma en la que se acomodan su suéter, entre otras estrategias que utilizan para saber si viene o no viene la autoridad”, comentó el orientador.
Según Chavarría, este tráfico de vapeadores surge por el aumento en el consumo.
La Encuesta nacional sobre consumo de sustancias psicoactivas en población colegial reveló que un 13% de los adolescentes utiliza vapeadores. El estudio, realizado por los ministerios de Salud y Educación reveló que en los últimos cinco años el uso de productos con nicotina se ha triplicado entre los colegiales.
En la encuesta participaron 5.672 estudiantes entre 15 y 19 años de 60 colegios, seis por cada región del Ministerio de Salud.
Así ocultan los estudiantes los vapeadores
Como parte de esa organización para el tráfico de estos dispositivos, también se determina el almacenamiento. De ahí que se descubran vapeadores en el cielorraso y en los tanques de los inodoros.
Dentro del negocio, además, no solo está la venta de vapeadores sino incluso el alquiler para los recreos, de acuerdo con los orientadores.
Chavarría, también profesional en Ciencias Criminológicas, comentó que si algo le ocurre al artefacto alquilado, el estudiante que “lo dañó” es amenazado hasta que lo pague, lo que considera una modalidad parecida a la de préstamos “gota gota”.
A esto se suma el caso de la estudiante de octavo año que utilizaba el vapeador en el colegio. Según dice, ni siquiera en su carrera como criminólogo había visto un dispositivo de este tipo valorado en ¢130.000. El aparato tenía tecnología bluetooth.
Afirmó que la madre de la estudiante era consciente de que su hija lo usaba y que la única prohibición que le había hecho era no llevarlo al colegio. Usualmente, el precio de los vapeadores empieza en ¢5.000.
“Entonces, imagínese la permisividad que tenía esa chica que hasta incluso la mamá consentía y sabía la existencia de dicho vapeador de tan alto costo”, lamentó.
El orientador contó que sus colegas también han detectado jóvenes con vapeadores ocultos en sus genitales o en la ropa interior.
La información ha trascendido porque cuando hacen revisiones de salveques, hay alumnos que los entregan voluntariamente y narran donde los tenían escondidos. También los ocultan en bultos con doble forro y en botellas, en vez de líquido.
El Colegio de Profesionales en Orientación invita a las autoridades, familias y sociedad a combatir el uso de vapeadores en los estudiantes.
“No se trata solo de vapeo, sino de estructuras internas organizadas ejecutadas por personas jóvenes, además del riesgo para la salud que significa”, añadió Chavarría.
Estudiantes podrían perder el año por usar vapeadores
El jerarca del Ministerio de Educación Pública (MEP), Leonardo Sánchez Hernández, recordó que el uso de vapeadores, que serán considerados como drogas, podría provocar que los estudiantes pierdan el año.
Su uso está calificado como falta grave, por la cual se podrían rebajar 20 puntos en la nota de conducta, de aprobarse la actualización del Reglamento de Evaluación de los Aprendizajes (REA), para 2026. En ese momento, los alumnos que incurran en este tipo de faltas pueden perder entre 11 y 19 puntos.
“No solo les van a quitar la droga, van a perder puntos en la nota de conducta. Con el cambio que estamos haciendo en el reglamento de evaluación de la calidad y conducta, tenencia de drogas o consumo se considera una falta grave que los hace perder 20 puntos o más en la nota de conducta, y además los separa unos días del sistema educativo. Puede peligrar perder el año”, destacó el jerarca en setiembre.
Si un estudiante reitera la falta y reprueba en la nota de conducta, tendrá la oportunidad de realizar un trabajo socioeducativo que le permitiría recuperar la nota de conducta. Si no lo hace, el alumno perderá el año.
¿Qué hace el MEP frente al tráfico de vapeadores?
El ministro de Educación refirió, este 3 de noviembre, que el tema del vapeo representa un desafío emergente de salud pública y convivencia en los centros educativos.
El MEP, dijo Sánchez, lo atiende mediante el Protocolo de actuación en situaciones de hallazgo, tenencia, consumo y tráfico de drogas.
El protocolo sigue diferentes pasos que incluyen: detección, actuación y coordinación interinstitucional.
“Cuando se sospecha o se confirma la presencia de un dispositivo o sustancia, el centro educativo debe activar de inmediato el protocolo y coordinar con la Fuerza Pública para su decomiso, de conformidad con la normativa nacional sobre sustancias psicoactivas”.
Cuando la persona que usó el dispositivo es estudiante regular, se le aplica el REA y tras evaluar las circunstancias, se aplican las acciones correctivas.
Además, los centros educativos cuentan con otras acciones que incluyen la revisión de bultos y control de ingreso de personas ajenas.
“La política del MEP frente al vapeo es educar antes que sancionar, prevenir antes que castigar y proteger antes que ignorar. La escuela debe ser un entorno seguro, saludable y formativo, donde cada estudiante comprenda que el verdadero poder está en decidir bien, no en imitar modelos de riesgo”, agregó.