Juan Diego Córdoba. 18 enero
03/10/2018. Captura de pantalla de un video del Ministerio de Seguridad Pública MSP donde se observa a un individuo vestido con camisa azul y salveque del mismo color, lanzarle un objeto al presidente Carlos Alvarado, durante el zafarrancho que se dió en la plaza de la Cultura. Foto: captura de pantalla de un video del MSP
03/10/2018. Captura de pantalla de un video del Ministerio de Seguridad Pública MSP donde se observa a un individuo vestido con camisa azul y salveque del mismo color, lanzarle un objeto al presidente Carlos Alvarado, durante el zafarrancho que se dió en la plaza de la Cultura. Foto: captura de pantalla de un video del MSP

El sindicalista de la Imprenta Nacional de apellidos Fernández Esquivel, captado en video cuando lanzaba un objeto contra el vehículo que transportaba al presidente Carlos Alvarado, busca evadir su despido.

La defensa del trabajador público presentó una solicitud de prescripción ante el Tribunal del Servicio Civil, instancia que analiza el proceso para separar al funcionario. Si la gestión prospera, el trabajador evitaría el despido.

El hecho se presentó el 3 de octubre, en plena huelga contra la reforma fiscal, cuando el mandatario salía del Teatro Nacional. Ahí, decenas de manifestantes protestaban contra el plan de impuestos y, al notar la presencia de Alvarado, se acercaron a increparlo, insultarlo y hasta agredirlo.

Una de esas agresiones la habría cometido este funcionario de la Imprenta Nacional, quien lanzó un objeto contundente contra el carro presidencial, al que impactó por la parte de atrás.

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El trabajador aduce que no debería ser despedido, pues según su defensa, las autoridades presentaron la solicitud para cesarlo un mes después de los hechos, es decir, fuera del tiempo establecido por la legislación laboral.

Para respaldar su versión, el sindicalista recurre al artículo 414 del Código de Trabajo, el cual establece que estos procesos disciplinarios deben presentarse a más tardar un mes después de ocurrido el acto, o en su defecto, de que la institución demuestre la responsabilidad del trabajador por el hecho que se le atribuye.

Artículo 414.- Sin perjuicio de lo que establezcan las disposiciones especiales sobre el plazo de prescripción, los derechos y las acciones de los empleadores o las empleadoras para despedir justificadamente a los trabajadores o las trabajadoras, o para disciplinar sus faltas, prescribirán en el término de un mes, que comenzará a correr desde que se dio la causa para la separación o sanción o, en su caso, desde que fueran conocidos los hechos causales.

No obstante, la oficina de prensa de la Dirección General del Servicio Civil informó de que la solicitud de despido presentada por la Imprenta Nacional ingresó a esta institución el 2 de noviembre, es decir, un día antes de que se cumpliera el mes del hecho por el cual se pretende sancionar al funcionario.

El Tribunal del Servicio Civil analizará la apelación en los próximos días; de rechazar el reclamo, entrará a analizar el fondo del caso, es decir, el posible despido del funcionario.

De no estar de acuerdo con la resolución, Fernández podrá apelar en primera instancia ante el Tribunal Administrativo de Servicio Civil, órgano adscrito a Casa Presidencial. Sin embargo, también podría objetar esa decisión ante un juzgado de trabajo, que dependiendo del caso, puede reinstalar al empleado en su puesto mientras resuelve el expediente.

El Ministerio de Seguridad Pública presentó dos denuncias contra manifestantes ante el Ministerio Público. Una contra Fernández y la segunda contra otro funcionario del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) de apellido Sanabria, a quien se puede observar en un video cuando le da un empujón al mandatario por la espalda.

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El despido de Fernández lo gestionó, desde el 17 de octubre, el viceministro de Gobernación, Víctor Barrantes, ante el director de la Imprenta Nacional, Carlos Torres. La nota dice: “Solicito girar las instrucciones necesarias a la Asesoría Jurídica Institucional, a efectos de que se confeccione el libelo de interposición para solicitar, ante el Tribunal de Servicio Civil, el despido sin responsabilidad patronal del funcionario Fernández Esquivel por pérdida de objetividad de confianza”.

Contra los dos trabajadores la Fiscalía también abrió causa penal por agresión. Esta se tramita bajo el número de expediente 18-028491-042-PE .