No todos los asalariados del país recibieron su aguinaldo a tiempo como lo establece la ley. Hasta este 3 de enero, el Ministerio de Trabajo había recibido denuncias contra 205 centros o empresas, quejas interpuestas a partir del 20 de diciembre, fecha límite para que los patronos cumplieran con ese deber.
De acuerdo con el informe liberado la tarde de este martes, se recibieron también 321 denuncias individuales.
Los sectores más afectados por los incumplimientos fueron comercio, otros servicios, industria, seguridad privada y construcción, contra las cuales se presentaron entre 72 y 13 reclamos.
El total de afectados, según estas denuncias, llegó a 1.477 asalariados que no tuvieron ese salario número 13 cuando la legislación lo ordena.
Las gestiones planteadas principalmente mediante el sitio web del Ministerio, motivaron pesquisas que llevaron a hacer prevenciones a los patronos y, en algunos casos, a que se concretara el pago sin necesidad de advertencias.
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Según el recuento, entre los 205 centros de trabajo denunciados, 76 recibieron prevención, hubo 23 que no fueron localizados, en 19 pagaron mientras que 16 locales estaban cerrados cuando llegaron los funcionarios de Trabajo. En 35 casos se determinó que no procedía el proceso
Según la entidad, de los 1.477 afectados, 493 vieron atendido su derecho.
Una de las normativas que regulan el pago de aguinaldo es la 1835 en el caso de los servidores públicos, cuyo artículo primero dice: “Tendrán derecho a un sueldo adicional en el mes de diciembre de cada año, excepto si han servido menos de un año, en cuyo caso les corresponderá una suma proporcional al tiempo que hayan trabajado (...)”.
Entretanto, la Ley de Pago de Aguinaldo a Servidores de Empresa Privada, señala en su articulo primero: “Todo patrono particular está obligado a conceder a sus trabajadores, de cualquier clase que sean y cualquiera que sea la forma en que desempeñen sus labores y en que se les pague el salario, un beneficio económico anual equivalente a un mes de salario”.

Los patronos que incumplan o se atrasen con esta obligación se exponen a multas que van desde los ¢462.200 así como a procedimientos administrativos que pueden, incluso, derivar en cierres de los negocios.