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El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) reconoció que la base de datos, con información sensible de 1,2 millones de solicitantes del bono Proteger, se encuentra en poder de una empresa privada.
Silvia Lara, jerarca de ese sector, confirmó que la compañía que brindó el servicio de hospedaje de la información sigue en posesión de la base de datos.
“Ahora debe ser trasladada al Ministerio de Trabajo. Esa información debe ser tratada con el mayor cuidado para garantizar la absoluta protección de los derechos de privacidad de las personas que suministraron la información”, aseguró la ministra el jueves.
La contralora general de la República, Marta Acosta, denunció este hecho ante los diputados, ese mismo día, durante la comparecencia en la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público, en relación con las posibles filtraciones de recursos en la entrega del bono.
El miércoles pasado, el órgano contralor había emitido una orden, de carácter urgente, para que el Ministerio de Trabajo tome control y resguarde la información, a más tardar el 17 de marzo.
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Silvia Lara asumió el Ministerio de Trabajo a finales de diciembre, cuando la anterior jerarca, Geannina Dinarte, fue nombrada como ministra de la Presidencia.
Fue Dinarte la que estuvo al frente del programa de bono Proteger en conjunto con Juan Luis Bermúdez, presidente ejecutivo del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) y ministro de Desarrollo Humano e Inclusión Social.
Inscripción de base de datos
La Contraloría se enteró de que la base de datos no estaba en manos del Estado, mientras realizaba la auditoría sobre posibles filtraciones en la entrega del subsidio creado en la pandemia.
Según sus hallazgos, solo la empresa administradora de la base tenía la potestad de asignar roles a usuarios de la información. Ni siquiera funcionarios públicos asignados a esa función tenían esa potestad.
Pese a que no tenía control de la información, según la Contraloría, el Ministerio gestionó, en calidad de “propietario” la inscripción de la base ante la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes (Prodhab).
El órgano contralor constató, el 23 de febrero pasado, que el Ministerio de Trabajo tampoco había accedido a las bitácoras sobre visita y uso de dicha base.
Información sensible
Marta Acosta evitó detallar los posibles riesgos de que un tercero, ajeno al Estado, posea la información de los solicitantes del subsidio por la pandemia de coronavirus.
“Evidentemente nos preocupa”, dijo Acosta.
Entretanto, el subcontralor general, Bernal Aragón, aseguró que esos datos son sensibles y deben resguardarse urgentemente.
“No es una base de datos abierta, es una base que tiene información de los ciudadanos, debe respetarse y debe protegerse. Esa información sensible que el Estado, como tal, está obligado a proteger y, por eso, la orden al Ministerio de traerse la base y protegerla”, aseveró Aragón.
Silvia Lara compartió el sentido de urgencia y aseguró que el proceso de traslado de la base de datos al Ministerio comenzó esta misma semana.
“Para ese traslado conformé una comisión para garantizar que el trabajo se haga de manera profesional, rigurosa y con el más absoluto apego a la legalidad y respeto a la privacidad de las personas”, dijo Lara.
La jerarca añadió que se construyó un protocolo “muy detallado” que establece cómo debe hacerse dicho traslado, con el paso a paso, los plazos y las personas encargadas del proceso.
“Esa migración de la base de datos del Ministerio de Trabajo se inició, comenzó esta semana, una vez que tuvimos ese protocolo generado y remitido a la Contraloría.
“Quisiera garantizarles que estamos poniendo este traslado de información de una manera muy profesional, muy rigurosa y muy bien hecha”, afirmó Lara.
Donación privada
Para el desarrollo de la plataforma Proteger, mediante la cual se tramitaron las solicitudes de la ayuda estatal, el Gobierno recibió una donación de la empresa Continum Data Center S. A. No obstante, el órgano contralor no dio detalles del nombre de la empresa que hospeda dicha base de datos.
El decreto de Creación del Bono Proteger establece que la base de datos debe ser administrada por el Ministerio de Trabajo.
Mediante el oficio enviado al Ministerio, la Contraloría advirtió de que el convenio establecido con dicha empresa, para la donación de la plataforma, no exime a la Administración de tutelar los datos privados de las personas solicitantes.
