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El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) solicitó a la Contraloría General de la República (CGR) cinco días adicionales para completar la recuperación de la base de datos de bonos Proteger, en poder de la empresa Continum Data Center S. A.
Luego de realizar una auditoría, el órgano contralor detectó que esa empresa, que donó la plataforma para hacer solicitudes de la ayuda estatal por la pandemia, administraba la información sensible de 1,2 millones de solicitantes.
El decreto de creación de ese programa social, sin embargo, establecía que esa labor correspondía al Ministerio de Trabajo. Entretanto, Continum Data Center se encargaría de almacenar dicha base de datos.
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Al detectar esa inconsistencia, la Contraloría ordenó a la entidad pública, de forma urgente, tomar posesión de la base de datos y resguardar la información sensible de quienes solicitaron el subsidio. Para llevar a cabo esa acción tenía plazo hasta este miércoles 17 de marzo.
No obstante, mediante un oficio, el Ministerio informó de que necesitaría cinco días más para terminar la migración.
La oficina de prensa del órgano contralor confirmó que la petición de Trabajo fue aceptada. De esta forma, las labores tendrían que finalizar el próximo lunes 22 de marzo.
El Programa Proteger entregó bonos de ¢62.500 mensuales, por tres meses, a personas que sufrieran disminución de ingresos a raíz de las medidas sanitarias para enfrentar los primeros meses de la pandemia de coronavirus.
La ayuda económica fue de ¢125.000 mensuales, por ese mismo periodo de tiempo, a quienes quedaron desempleados, con suspensión de contratos o que reportaron cero ingresos.
Información en empresa privada
La compañía costarricense Continum Data Center S. A. radicada en Cañas, Guanacaste, confirmó a La Nación tener bajo su resguardo la base de datos de Proteger.
Aseguró que solo dos colaboradores han tenido acceso a dicha información sensible. Entre ellos, el presidente de la organización, Adrián Lachner.
“Por efectos de lo delicado de la base de datos, únicamente dos funcionarios tenían efectos para la misma, siendo uno de ellos el señor Adrián Lachner Castro. Ambos son oficiales de seguridad, personeros de la empresa con más de 20 años de experiencia en la industria, quienes mantienen contratos de confidencialidad al día.
“Por lo sensible del tema, el señor Adrián Lachner fue quien se encargó personalmente de la operatividad, siendo la única persona con acceso a esta área”, señaló la empresa.
La compañía especializada en el resguardo de base de datos señaló que los funcionarios del Ministerio de Trabajo siempre tuvieron acceso a la base de datos bajo protocolos de seguridad.
La contralora general de la República, Marta Acosta, evitó detallar los posibles riesgos de que un tercero, ajeno al Ministerio de Trabajo, administre la información de los solicitantes del subsidio.
“Evidentemente nos preocupa”, aseveró.
